SENTENCIA TRIBUNAL JUSTICIA SOBRE EL IRPH

SENTENCIA DE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA DE 3 DE MARZO DE 2020 SOBRE EL IRPH: ¿UN INDICE ASEQUIBLE PARA LOS “ATENTOS Y PERSPICACES”?

 

Según nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de pleno, número 669/2017, de 14 de diciembre) y esta STJUE, cualquier consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede fácilmente distinguir que esas formas de cálculo se refieren a los tipos medios de los préstamos hipotecarios a más de tres años de bancos, cajas de ahorro y conjunto de entidades, respectivamente.

El TJCE se ha referido reiteradamente en su jurisprudencia a un consumidor medio, normalmente informado. A la idea de consumidor medio se asocia la normalidad del nivel de información, entendido como nivel de conocimientos. Por supuesto, no se trata de que el consumidor posea un determinado nivel académico o cultural, sino de que cuente con la suficiente experiencia y aptitud para interpretar la información que se le facilita sobre los productos y las condiciones en las que éstos se comercializan.

El criterio del consumidor medio ha sido definido por el Abogado General COSMOS en el asunto C-77/97 como el modo en que un consumidor percibe el producto en relación al modo en el que se le presnta ese producto.

Para la STS del TJUE de fecha 3 de marzo de 2020, es “elemento especialmente pertinente” para la valoración de si una clausula que fija un tipo de interés variable es comprensible, en cuanto a su funcionamiento concreto y sus consecuencias jurídicas y económicas el hecho de que, en la legislación española está publicado en el BOE y, como salta a la vista, claramente definido.

No obstante, la Sentencia recuerda que corresponde solo al órgano judicial remitente le compete llevar a cabo las comprobaciones necesarias al respecto para verificar si se han comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar el coste total de su préstamo. En este sentido, indica que la publicidad y la información proporcionada por el prestamista en el marco de negociación del contrato de préstamo son elementos a ponderar.

El Tribunal establece que los juzgados nacionales deberán comprobar, caso por caso, si en el contexto de la celebración del contrato, el banco cumplió, efectivamente, con todas las obligaciones de información establecidas por la normativa nacional.

Se tratará de que el Banco pruebe que el consumidor estaba en condiciones de comprender el funcionamiento del modo de cálculo del IRPH y de valorar las consecuencias económicas, potencialmente significativas de dicha clausula, sobre sus obligaciones financieras.

Y a tal fin, el Tribunal da una de cal y otra de arena: La de cal, entiende que la mera publicación del modo de cálculo en el BOE ya lo hace resultar fácilmente asequible, presumiendo nuestra atención y perspicacia. Y otra de arena: el Banco deberá acreditar que ha suministrado suficiente información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés.

Respecto a la primera cuestión, la lucha por evidenciar que las fórmulas que determinan cómo se calcula el tipo de interés no son fácilmente asequibles, será complicada porque nuestro Tribunal Supremo y el TJEU, no lo consideran así; pues presumen que nuestra atención y perspicacia es suficiente para comprender tan didáctico diario oficial.

El otro “elemento especialmente pertinente”, sí considero que será donde habrá que incidir, junto con la concurrencia o no de información y publicidad suficiente. En efecto, lo esencial es conocer la evolución del tipo propuesto y, también, la evolución de los demás tipos, toda vez que una adecuada comprensión de la carga económica asumida implica  conocer cual fue la evolución de los demás tipos de referencia. En este sentido, recordar que hasta noviembre de 2008 el valor del IRPH y del Euribor había sido bastante similar.

No será una labor sencilla, pero sí existe la posibilidad de anular la clausula del IRPH si no se suministró la información exigida por la normativa española y en condiciones de ser comprendida. En ese caso, el IRPH deberá ser sustituido por el tipo que se hubiese acordado en sustitución, o el índice legal aplicable en defecto de acuerdo, siempre que el contrato de préstamo no pudiera subsistir tras la supresión de la clausula en su totalidad dejara al consumidor expuesta a consecuencias especialmente perjudiciales. Lograda la nulidad habría que ponderar si la anulación del contrato en su totalidad, según los casos, pude o no tener consecuencias perjudícales o beneficiosas para el consumidor.

Lo aconsejable sería acumular a esa acción alguna acción de nulidad de otras cláusulas abusivas como la de atribución de todos los gastos, de prosperabilidad más clara, para intentar el éxito de la anulación del IRPH sin riesgo, siempre que las condiciones de su contratación sean susceptibles de ser censuradas en la forma que exige esta sentencia.

 

José Manuel Aguayo Pozo

Abogado

 

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