COMUNICADO COVID19 XVII

COVID – 19, REAL DECRETO LEY 15/2020 I

El pasado 21 de abril de 2020 se publicó en el BOE el RDL 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. El citado texto abordaba distintas cuestiones en el ámbito del derecho del trabajo, entre otras, establecía la suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regulando el cómputo de los plazos de las actuaciones inspectoras previas, así como de los plazos establecidos para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos para la adopción de medidas en orden a la exigencia del cumplimiento de la normativa cuya vigilancia está atribuida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Esto implica que desde el 14 de marzo de 2020, fecha de declaración del estado de alarma, hasta la finalización de éste, incluida sus prórrogas, el cómputo de los plazos de las actuaciones inspectoras regulados en los artículos 21.4 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 8.2 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, y 17.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, queda suspendido, reanudándose el cómputo a la finalización del estado de alarma.

Afectando a los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades por el cumplimiento de la normativa y a los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

Sin embargo, dicha suspensión no afectará a aquellas actuaciones inspectoras que se generen durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, como la vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales ante el riesgo de contagio por COVID-19, las comprobaciones en orden a la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de orden social dictada durante el estado de alarma (permiso retribuido recuperable, carácter preferente del trabajo a distancia,…), o comprobaciones en orden a emitir el correspondiente informe solicitado por la autoridad laboral en supuestos de ERTES.

Por otro lado, se introducen dos comportamientos empresariales susceptibles de ser sancionados en el ámbito de las medidas de empleo, como las solicitudes empresariales emitidas con falsedades o incorrecciones, o las medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquéllas y siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social. Recayendo en la empresa la responsabilidad directa de la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas cuando no se acredite dolo o mala fe en el trabajador.

También incluye el mencionado RDL 15/2020 la posibilidad de que aquellas empresas dedicadas a actividades esenciales que se hayan visto afectadas por las medidas de reducción de la movilidad, se acojan a ERTE de fuerza mayor.

Englobando una gran variedad de supuestos, entre ellos las clínicas dentales, los talleres de reparación de automóviles o las oficinas bancarias, pues, aunque no estén sujetas a suspensión total por parte de las autoridades, pueden haber sufrido una pérdida notable de actividad como consecuencia de las restricciones a la movilidad o a otras circunstancias.

Se amplía la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos que hayan visto interrumpida su actividad como consecuencia de la pandemia, en periodos que hubieran sido de trabajo o a aquellos que no hayan podido reincorporarse a su actividad en la fecha prevista para el llamamiento, así como a los que no reunían el requisito o la cotización suficiente para optar a la prestación por desempleo y a aquellos que no hayan superado el periodo de prueba.

De igual manera optarán a la prestación por desempleo aquellas personas que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si ésta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.

Por último, recordar que en nuestra página web https://ecoleygranada.es/ le iremos informando de las novedades que se vayan produciendo en los diferentes ámbitos que puedan afectarles a nivel personal y profesional.

Antonio Peña García

apenya@ecoleygranada.es

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