COMUNICADO COVID19

COVID – 19, UNA NUEVA SITUACIÓN PARA LAS EMPRESAS

A raíz de la pandemia declarada por la organización mundial de la salud como consecuencia del Covid-19, más conocido comúnmente como Coronavirus, se han disparado todas las alertas en cuanto a los modos de actuación ante determinadas situaciones, entre otras, en el ámbito de las relaciones laborales y las distintas alternativas a abordar en función de la imposibilidad de acudir al centro de trabajo, ya sea por contagio, prevención o aislamiento, y las distintas posibilidades de empresario y trabajador para sobrellevar de la mejor manera posible esta situación extraordinaria, habiéndose adoptado una serie de medidas preventivas consistentes en prestación de servicios a través de teletrabajo, interrupción de viajes, suspensión de reuniones y asambleas (las cuales podrían seguir celebrándose vía online) comunicaciones y trasmisión de documentación vía correo electrónico y atención telefónica.

Las acciones de prevención deberán seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de España, habiéndose aprobado en el Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se acometen determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, la consideración como situación asimilada a accidente de trabajo de los períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

Su Artículo 5, establece:

«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad

temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.

  1. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
  2. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
  3. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»

Esta misma medida se ha aprobado también para el caso de los funcionarios públicos, en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, (artículo 11).

En segundo lugar y relativa a las distintas medidas a adoptar por la empresa afectada directa o indirectamente por las consecuencias derivadas de la pandemia, habría que entender que nos encontramos en una situación de fuerza mayor, adoptando las diferentes opciones que la Ley contempla y particularmente la suspensión temporal de empleo, ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) pudiendo acudir también a la reducción de empleo, si bien lo que se trata de evitar es el contagio por contacto y con dicha medida no se evitaría.

¿Qué   se   entiende   por   fuerza    mayor?    Se    define    como    “un acaecimiento externo al círculo de la empresa, extraordinario, independiente de la voluntad del empresario respecto a las consecuencias que acarrea en orden a la prestación del trabajo”.

Estableciendo en consecuencia el artículo 1105 del código civil, que:

«… fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables».

Siendo sin genero de duda la situación actual, a la vista de las recomendaciones efectuadas por las distintas administraciones competentes, un claro caso de fuerza mayor, con una afectación

Su tramitación, viene establecida en el artículo 45 1, i) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como causas de suspensión del contrato de trabajo la “Fuerza mayor temporal”.

Así como en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, cuyo Título II, relativo a la Extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor, regula en los artículos 31 a 33 los requisitos para la existencia de fuerza mayor como causa motivadora de la suspensión de los contratos de trabajo o reducción de jornada:

  • La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y suspensión de los contratos de trabajo o de la

reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.

  • El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.

sociales han solicitado de la administración pública el acortamiento de dichos plazos al objeto de poder llevar a efecto las medidas necesarias en el menor tiempo posible, dada la evidencia de la fuerza mayor, y la urgencia de gestionar dichas medidas, de lo que en breve tendremos noticias.

Por otro lado y en relación a los trabajadores con contratos fijos discontinuos del sector de turismo, comercio y hostelería

vinculados a la actividad turística, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo ha establecido en su artículo 13 medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, en el sentido de aplicar una  bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional para aquellos que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses, siendo de aplicación hasta el día 31 de diciembre de 2020.

A tenor de las extraordinarias circunstancias que vienen acaeciendo, las consecuencias económicas se prevén muy negativas en determinados sectores, en un corto espacio de tiempo, lo que requiere con carácter urgente iniciar todas y cuantas medidas de choque nos permita la Ley, al objeto de minimizarlas, debiendo estudiar cada caso y adaptarlo a las concretas y particulares necesidades de ciudadanos y empresas.

No obstante, estaremos a las nuevas directrices y disposiciones que se vayan estableciendo desde las autoridades que puedan mejorar o agilizar los trámites, así como las distintas opciones en aras de evitar otras consecuencias negativas para el trabajo y la economía.

Antonio Peña García

apenya@ecoleygranada.es

 

 

 

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