COMUNICADO COVID19 XIV

LEGISLACIÓN CONCURSAL Y MERCANTIL DE EMERGENCIA EN REAL DECRETO-LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO

España se ha constituido, junto a Italia y Suiza, en uno de los primeros países que han aprobado normas concursales en el estado de alerta motivado por la pandemia COVID-2019.

Se trata de normas temporales y por tanto de duración limitada, mientras esté vigente el estado de alarma y hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización de dicho estado.

En los artículos 39 a 42 del Real Decreto Ley citado, se regulan medidas de emergencia societarias también de carácter transitorio en conexión con el período de alarma y con incidencia en el ámbito concursal, que es el específicamente tratado en el artículo 43 de dicho texto legal.

Estas normas temporales con trascendencia concursal, inciden básicamente en dos ámbitos:

De un lado en el deber/facultad de deudores y acreedores de solicitar la declaración de un concurso de acreedores en un modo autónomo o en conexión con una comunicación de inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo preconcursal  de refinanciación sobre la base del artículo 5 bis de la ley concursal (LA LEY 1181/2003) 22/2003.

De otro lado, inciden en el modo de operar las causas de disolución durante el período de alarma.

Analizaremos a continuación las medidas concursales de emergencia introducidas por el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

  1. La suspensión del deber del deudor y de la facultad de los acreedores de solicitar la declaración de concurso de acreedores

España se adscribe al marco de los modelos de derecho comparado que regulan un deber legal del deudor de solicitar la declaración de su concurso, lo que contrasta con los modelos anglosajones en los que tradicionalmente no se ha configurado dicho deber.

Así, el artículo 5 de la ley concursal configura un deber legal del deudor de solicitar la declaración de su concurso en el plazo de dos meses desde que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual, constituyendo dicha solicitud una facultad en supuestos de insolvencia inminente (artículo 2.3 LC 22/2003). En conexión con dicho deber se legitima en el artículo 3 de dicho texto legal al órgano de administración o liquidación no solo para presentar, sino además para decidir sobre la solicitud misma de declaración de concurso.

El incumplimiento de este deber o su cumplimiento tardío por el deudor, se sanciona en un eventual escenario concursal en supuestos en que se abra la pieza de calificación (convenio gravoso o liquidación concursal) con una presunción «Iuris tantum» de concurso culpable (artículo 165.1.1 LC) que en su caso puede conllevar la responsabilidad concursal del administrador social a la cobertura total o parcial del déficit patrimonial frente a los acreedores (artículo 176 bis LC).

  1. Ámbito de la suspensión

En virtud del artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, se suspende el referido deber del deudor, afectando dicha suspensión a los siguientes extremos:

  • La solicitud por el deudor de concurso de acreedores en situaciones de insolvencia actual (art. 2.2 LC) en el plazo del artículo 5 LC.
  • La solicitud de declaración de concurso por el deudor vinculada al transcurso del plazo de la comunicación de inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o una propuesta anticipada de convenio regulada en el artículo 5 bis LC, cuando trascurrido dicho plazo no se haya alcanzado un acuerdo y el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual (artículo 2.2 LC).
  • En ambos supuestos, la suspensión del deber del deudor de solicitar la declaración de su concurso en supuestos de insolvencia actual, conlleva la «desactivación» del régimen de sanciones conectadas a su incumplimiento o cumplimiento tardío (presunción «Iuris tantum» de concurso culpable, art 165.1.1 LC) y eventual responsabilidad del Administrador social por esta causa (artículo 176 bis LC).
  • También en ambos supuestos de suspensión del deber del deudor de solicitar su concurso, en forma autónoma o en conexión con una comunicación de inicio de negociaciones sobre la base del artículo 5 bis de la Ley Concursal, queda a salvo la facultad del deudor de decidir solicitar su concurso ya sea por insolvencia inminente o actual (artículo 2.2 y 2.3 LC) decisión ésta que deberá calibrarse atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso.
  • Asimismo, la suspensión afecta a la facultad de los acreedores de solicitar concurso necesario en supuestos de insolvencia actual único supuesto en que están legitimados (artículo 3 LC). Esta afectación, se produce en un doble sentido conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 del Real Decreto ley 8/2020: de un lado, se inadmitirán a trámites solicitudes de concurso necesario presentadas durante el estado de alarma o hasta que transcurran dos meses desde su finalización; de otro, se priorizarán aquellas solicitudes de concurso voluntario que el deudor hubiera presentado o podrá decidir presentar, no obstante la analizada suspensión de su deber de solicitud de concurso, admitiéndose a trámite con preferencia las solicitudes presentadas por el deudor a las ya presentadas, aunque aquélla fuera de fecha posterior a la eventual solicitud de concurso necesario. Artículo 43.1 Real Decreto ley 8/2020.
  • No afecta sin embargo la suspensión en un modo cuestionable, al deber del deudor que se encuentre en fase de cumplimiento de un convenio concursal, para solicitar la liquidación concursal, cuando conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal (artículo 142.2 LC). En ese sentido, no olvidemos que la ausencia de previsión sobre la suspensión del deber del deudor de solicitar su liquidación concursal en este contexto, conlleva que su incumplimiento, de un lado, se pueda suplir con la facultad de los acreedores de solicitar la liquidación concursal, acreditando la concurrencia de alguno de los hechos externos del articulo 2.4 LC, facultad ésta que tampoco se suspende frente a lo que sucede con la solicitud de concursos necesarios; de otro lado se sanciona el incumplimiento por el deudor de la solicitud de liquidación en este contexto,, manteniéndose la presunción «Iuris et de iure» de concurso culpable sobre la base del artículo 164.2.3º LC, cuando la liquidación concursal hubiera sido acordada de oficio por incumplimiento de convenio.

Ello resulta cuestionable, pues con la suspensión del deber del deudor de solicitar su concurso se trata de “ganar tiempo” en espera de que concluya el estado de alarma. Con ello se persigue evitar no solo que empresas viables en condiciones normales de mercado, tengan que ser sometidas a un procedimiento concursal, si no también que acaben siendo liquidadas concursalmente empresas que habiendo alcanzado un convenio concursal, podrían cumplirlo en las referidas situaciones normales de mercado, pero no en estas situaciones extraordinarias que pueden afectar también y quizá más aún a empresas que continúan en funcionamiento con arreglo a un convenio concursal.

  1. La ausencia de presupuestos materiales de la suspensión

En lo que se refiere a los presupuestos de la suspensión del deber del deudor de solicitar su concurso, ésta suspensión no se condiciona acertadamente a la concurrencia

de presupuestos materiales, como se aconseja en el relevante documento al que ya se ha hecho referencia publicado por CERIL.

Así, la suspensión:

  • No se condiciona a la circunstancia de que el deudor esté negociando o cumpliendo un acuerdo de refinanciación, siendo no obstante como se ha analizado objeto también de suspensión el deber de solicitud de concurso conectado en estos supuestos a la presentación por el deudor de comunicación de inicio de negociaciones sobre la base del artículo 5 bis LC.
  • No se vincula tampoco la suspensión a una situación de mera iliquidez o insolvencia inminente, dado que en nuestro derecho solo se regula un deber del deudor de solicitud de concurso en supuestos de insolvencia actual, conectada en el concepto jurídico y no económico de ésta regulado en el artículo 2 de la Ley Concursal a la imposibilidad del deudor de cumplimiento de las obligaciones a su vencimiento, en supuestos tanto de desbalance (activo inferior a pasivo) como de iliquidez a largo plazo.
  • No se condiciona tampoco la suspensión a la prueba de la conexión causal de la insolvencia a la crisis sanitaria COVID-2019, lo que habría planteado un difícil problema de prueba en éste contexto. Por tanto pueden acogerse a la suspensión del deber de solicitud de concurso por parte del deudor empresas que se encontraran en situación de insolvencia antes de la crisis económica vinculada a la alerta sanitaria COVID-2019.
  1. Suspensión del plazo para convocar la Junta y desactivación de causas de disolución

La suspensión del deber del deudor de solicitar su concurso que se extiende a la facultad de los acreedores de solicitar concurso necesario, se acompaña además sobre la base del artículo 40.11 del Real Decreto ley 8/2020 de medidas tendentes a evitar la disolución de las sociedades durante el período de alarma.

Y no podía ser de otro modo, dado que el objetivo prioritario en estos momentos de alarma es como hemos reiterado “ganar tiempo”, en espera de que cese aquella y evitar que durante este período puedan ser declaradas en concurso o liquidadas empresas que en condiciones normales de mercado podrían ser viables. Por tanto, era necesario también incidir en este contexto en la operatividad misma de las causas de disolución que, como se sabe, pueden conducir a la liquidación societaria de la compañía y en ocasiones al concurso de acreedores. En efecto, ello acontece en supuestos en que tras la concurrencia de la causa de disolución de pérdidas societarias cualificadas (artículo 363.1.LSC) concurra un estado de insolvencia, lo que ha de

señalarse no siempre acontecerá pues en modo alguno son en todo caso ambas situaciones identificables.

Pues bien, sobre la base del artículo 40.11 del Real Decreto ley 8/2020 se suspende el plazo legal de dos meses para la convocatoria de la Junta General por el Órgano de Administración con el fin de que en dicha junta se acuerde: la disolución o solicitud de concurso si ésta fuera insolvente, o en su caso se adopten los acuerdos necesarios para la remoción de la causa de disolución si ello fuera posible (artículo 365 LSC).

Nos hallamos en el ámbito de los deberes de promoción de la disolución que recaen sobre los administradores sociales, mediante convocatoria oportuna de la Junta General y que se suspenden hasta la finalización del período de alarma.

Quedan por tanto desactivadas por la vía de la suspensión del plazo de convocatoria de la Junta por el administrador social, la operatividad misma de las causas de disolución y en particular de la causa que previsiblemente podría concurrir en el actual escenario de crisis generalizada, conectada con las pérdidas societarias cualificadas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente y siempre que lo procedente no sea solicitar el concurso de acreedores (artículo 363.1.e LSC).

No es ésta la primera vez que en nuestro derecho se incide en la operatividad de las causas de disolución y en particular de la disolución por pérdidas en conexión con una crisis económica. Ello aconteció en virtud de la disposición adicional única del Real Decreto/Ley 10/2008 de 12 de diciembre, que en conexión con la crisis económica acontecida en aquellos años, suspendió en un modo excepcional durante los dos ejercicios anuales cerrados a partir del 13 de diciembre de 2008, los regímenes de reducción obligatorio de capital por pérdidas y de disolución por pérdidas societarias cualificadas (artículo 363.1.e LSC).

No obstante, hay dos diferencias esenciales en el modo en que se operó en la crisis de 2008 y en las medidas de alarma conectadas a la disolución reguladas en el real decreto ley 8/2020.

De un lado, en el artículo 40.11 el Real Decreto ley 8/2020, no se suspenden en un modo directo los regímenes de reducción obligatoria de capital por pérdidas y de disolución por esta causa, sino en un modo indirecto a través de la suspensión del plazo en el que el administrador social ha de cumplir sus deberes de promoción dentro de plazo de la disolución o el concurso, convocando la Junta General, para que adopte los acuerdos pertinentes en esta materia.

De otro, la disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, estaba pensaba para sociedades inmobiliarias que fue el sector particularmente afectado en la crisis de 2008, tanto en supuestos en que desarrollaban directamente el negocio inmobiliario, como cuando lo desarrollaban a través de su participación en el capital de otras sociedades inmobiliarias y durante los dos ejercicios anuales siguientes al 13 de diciembre de 2008.

Frente a ello, la desactivación de las causas de disolución en general y en particular de la vinculada a las pérdidas societarias cualificadas que se produce a través de la suspensión del plazo de convocatoria de la Junta por el administrador social sobre la base del artículo 40.11 del Real Decreto afecta a todas las sociedades y no solo a sociedades inmobiliarias, dado el modo en que esta crisis está golpeando a todos los sectores y no solo al sector inmobiliario.

Pues bien, en relación con la analizada suspensión del plazo para convocar la Junta para acordar la disolución o en su caso el concurso de acreedores, han de resaltarse dos aspectos: de un lado, se introduce un plazo de suspensión y no de interrupción del plazo de convocatoria de la Junta General, lo que no genera a efectos prescriptivos un nuevo plazo sino la reanudación del anterior a la finalización del período de alarma. Ello quiere decir, que finalizado el referido estado de alarma, el plazo de dos meses para convocar la Junta por el administrador para acordar la disolución, remoción de la causa de disolución o solicitud de concurso, no comenzará desde cero, si no que se retomará en el punto donde ese plazo quedó parado desde la concurrencia de la causa de disolución.

También y como no podía ser de otro modo, la analizada suspensión del plazo para convocar la Junta en conexión con la concurrencia de una causa de disolución, se acompaña de la expresa desactivación sobre la base del artículo 40.12 del Real Decreto ley 8/2020, del régimen de responsabilidad por deudas de los administradores sociales, conectado a la promoción tempestiva por éstos de la disolución o en su caso del concurso de acreedores (artículo 167 LSC).

Como se sabe, sobre la base del artículo 367 LSC, los administradores sociales responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, si incumplen la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que adopte la disolución o en su caso de disolución judicial o solicitud de concurso de acreedores.

Pues bien, sobre la base del artículo 40.12 del Real Decreto-ley 8/2020, expresamente se prevé la desactivación de este régimen de responsabilidad de los administradores sociales por deudas, lo que era necesario pues ello no habría podido derivarse de la mera suspensión del plazo de convocatoria de la Junta General.

La desactivación de este régimen de responsabilidad se produce bajo la concurrencia de las siguientes condiciones:

  1. La causa de disolución legal o estatutaria ha de haber acaecido durante la vigencia del estado de alarma, lo que conlleva la necesidad de determinar el momento de nacimiento de la obligación, lo que como es sabido no siempre es fácil;
  2. Los administradores no responderán de las deudas, se sobreentiende de cualquier naturaleza, “contraídas durante el período de alarma”. De ello se deduce por tanto a sensu contrario, que el administrador social responderá de las deudas contraídas tras el levantamiento del estado de alarma, cuando se reactive la obligación de convocar la Junta y en su caso disolver.

Ésta distinción legal entre deudas contraídas durante el período de alarma y tras el levantamiento de éste, puede constituir a nuestro entender una fuente de litigiosidad en conexión con el momento de nacimiento de las obligaciones y uno de los aspectos más controvertidos conectados a la suspensión del plazo para convocar la Junta y desactivación del régimen de responsabilidad de los administradores sociales.

José Manuel Aguayo Pozo

jmaguayo@ecoleygranada.es

Abogado – Socio en 

COMUNICADO COVID19 XIII

PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO Y DE LOS LANZAMIENTOS PARA HOGARES VULNERABLES SIN ALTERNATIVA OCUPACIONAL

Ante la situación excepcional provocada por la pandemia y el consiguiente estado de alarma, en los últimos días han sido muchas las disposiciones publicadas, en concreto, entre los días 27, 29 y 31 de marzo de 2020, el Gobierno español ha publicado, hasta tres Reales Decreto-Leyes.

El pasado 11 de marzo de 2020, la OMS declaró pandemia internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. La crisis sanitaria con la consiguiente declaración del estado de alarma, ha motivado una profusa actividad legislativa para adoptar medidas urgentes que tratando amortiguar el impacto de esta crisis que no tiene precedentes.

En el último de ellos, el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico.

Nos vamos a centrar en desgranar las medidas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables en relación con los arrendamientos de viviendas habituales.

El ARTÍCULO 1 regula la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa ocupacional.

Una vez levantada la suspensión de los plazos procesales, cualquier persona que haya pasado a ser desempleada, o afectada por un ERTE, o reducido su jornada o, siendo autónomo hay sufrido una “pérdida sustancial de ingresos”, y que no disponga de otra “solución habitacional,” y siempre que su unidad familiar gane menos de 1.613,52 € ( más 161,35 € por hijo), si tiene interpuesto en contra un desahucio, podrá solicitar del Letrado de la Administración de Justicia, (en adelante LAJ (no se aclara si con abogado o procurador)), que se está en situación de vulnerabilidad, acompañado la documentación señalada en el artículo 6 del Real Decreto-Ley, de la que disponga o mediante declaración responsable.

Comunicada el LAJ iniciará el plazo de suspensión extraordinaria. No se aclara si el LAJ debe valorar esas circunstancias, pudiendo aceptar o rechazar esa petición. No obstante puede entenderse que si no se acredita la vulnerabilidad, podría rechazar la petición. Será difícil ese supuesto, puesto que

cabe sustituir la aportación de la documentación con una declaración responsable del propio peticionario sobre la concurrencia de requisitos. El trámite sería el siguiente:

  1. Petición al LAJ acreditando la situación de vulnerabilidad y aportando documentación y/o declaración responsable.
  1. El artículo ordena que comunique esa petición a los Servicios Sociales competentes y paraliza el procedimiento en el estado en que se encuentre.
  1. Los Servicios Sociales competentes deben emitir informe (entretanto suspendidas las actuaciones).
  1. LAJ atendiendo a ese informe, fijará plazo de suspensión, nunca  superior a 2 de octubre de 2020.
  1. Si el arrendador está en situación vulnerabilidad, puede  presentar escrito acreditando su situación y el LAJ lo trasladará a Servicios Sociales para que se tenga en cuenta en la Terminación del plazo y “otras medidas”.

El ARTÍCULO. 2 establece que, si en el periodo comprendido entre 2 de abril de 2020 a dos meses después de fin del estado de alarma, expira el plazo de un arrendamiento de vivienda habitual, puede pedirse una prórroga por  seis meses con idénticas condiciones, obligatoria para el arrendador.

Las medidas para procurar la moratoria de la deuda arrendaticia de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad se regulan desde el artículo 3 al 9.

El ARTÍCULO 4 regula la aplicación automática a grandes tenedores y empresas o entidades públicas.

  1. Comienza por definir que “gran tenedor” es la persona física o jurídica que disponga de más de 10 inmuebles urbanos (excluidos garajes y trasteros) o un inmueble de más de 1.500 m2.
  1. El arrendatario que este en situación de vulnerabilidad, puede pedir antes del 2 de mayo de 2020 un aplazamiento extraordinario y temporal del pago o una condonación total o parcial (si antes no ha habido acuerdo).
  1. El arrendador comunicará en el plazo de 7 días laborables su decisión a elegir entre:
    1. Una reducción del 50% mientras dure el estado de alarma y durante las mensualidades siguientes que necesite el inquilino, con un máximo de 4 meses. No se dice cómo se gradúa el alcance de la reducción o si pedida ésta el arrendador puede modificar la propuesta. Lo lógico es que no se pueda alterar, pero si lo hace, realmente hay poca posibilidad de maniobra por el inquilino.
    1. Una moratoria en el pago, “que se aplicará de forma automática”, durante el periodo de alarma prorrogable, mensualidad a mensualidad, hasta cuatro meses después del fin de la alarma. La devolución se hará fraccionando lo aplazado en cuotas a pagar durante, mínimo 3 años, o en su caso, por lo que reste por cumplir de contrato, sin penalización ni intereses.

Si el arrendador es gran tenedor o es una entidad pública, el  arrendatario debe acreditar la situación vulnerabilidad. La cuestión que se plantea es: ¿puede el arrendador rechazar la petición si entiende que no se acreditada la situación de vulnerabilidad? Hay que tener en cuenta que, difícilmente puede rechazar la acreditación de esa situación dado que se pueden sustituir los documentos acreditativos por una mera declaración responsable a completar en un mes tras fin del estado de alarma.

El ARTÍCULO 5 contiene la definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.

  1. Concurrencia CONJUNTA de los siguiente requisitos:
    • Que la persona que esté obligada a pagar el alquiler, “pase  a estar” en desempleo, afectado por un ERTE o reducido su jornada por motivos de cuidados; o en caso de ser empresario por otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos que suponga que la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud no gana más de 3x iprem (1.613 euros). (incrementado en 161,31 euros por hijo).
    • Que la renta, más gastos y suministros básicos suponga un 35% o más de los ingresos netos de la Unidad Familiar
  1. La Unidad familiar la componen el inquilino, su cónyuge o pareja de hecho inscrita con hijos (o bajo tutela, guarda) y parejas de estos.
  1. Se excluye de esa situación al arrendatario que disponga de una vivienda en España, como propietario y usufructuario, con excepción de las heredadas o si se acredita la no disponibilidad por causas ajenas.

Al hablar de “pasen a estar”, parece que se excluye de la vulnerabilidad la situación de desempleo anterior.

El ARTICULO 6 en relación a la acreditación de las condiciones subjetivas establece los documentos que se deben acompañar (Desempleo: Certificado entidad gestora de las prestaciones; Cese actividad trabajadores cuenta propia: Declaración cese actividad; Unidad familiar:. Libro familia, empadronamiento del momento y seis meses antes; Titularidad bienes: Servicio de Índices del Registro de la Propiedad).

Si no se pueden aportar documentos puede sustituirse por declaración responsable.

El ARTÍCULO 8 regula la modificación de las condiciones en arrendamientos con arrendadores que no son grandes tenedores ni son administraciones u organismos públicos.

  1. El arrendatario en situación de vulnerabilidad puede solicitar el aplazamiento o condonación en el plazo de un mes. Antes del 2 de mayo de 2020.
  1. Recibida la solicitud, el arrendador tiene 7 días para comunicar si acepta o posibles alternativas.
  1. Si no acepta, el inquilino puede optar por acceso al programa de ayudas a la financiación.

Si no hay acuerdo, no hay posibilidad de moratoria ninguna.

En el ARTICULO 9 establece que, a través del ICO se desarrollará una Línea de avales para que los Bancos puedan ofrecer ayudas a la financiación de

arrendatarios en situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta 6 años (prorrogables otros 4).

ARTICULO 10 establece un NUEVO PROGRAMA DE AYUDAS con objeto hacer frente a la devolución de los préstanos que se hayan concedido  con el límite de 900 euros mes, sin superar 100% renta, o en su caso el 100% principal e intereses del préstamo.

En definitiva, si una familia con dos hijos, afectada por un ERTE o desempleada, gana 1.936 € o menos al mes, con un contrato de alquiler en vigor, contratado con un particular y paga una renta de 450 € y otros 200 de suministros, sin que disponga de otra vivienda, puede pedirle al arrendador una reducción de renta o un aplazamiento, pero si no acepta no puede hacer nada. Teniendo en cuenta que el 85% de los propietarios son personas físicas que no son grandes tenedores, podemos presumir que ha sido demasiado fuego de artificio para una efectividad nula.

Sí podrían acogerse a préstamos para financiar el pago de un máximo de seis rentas avaladas por el estado. Pero si, para lograr un aval en un préstamo de 2.700 €, hay que esperar a que se mueva la maquinaria del estado, es más que probable que puedan acudir a la financiación bancaria sin necesidad de ese mero aval.

Sí podrían lograr ayudas para pagar el alquiler, si bien no hay garantía ninguna de su concesión y se desconoce el importe destinado a dotar esas ayudas.

En resumen, mucho papel para tan poca trascendencia real.

José Manuel Aguayo Pozo

jmaguayo@ecoleygranada.es

Abogado – Socio en

COMUNICADO COVID19 XII

CIRCULAR SOBRE LOS ÚLTIMOS DECRETOS PUBLICADOS III

RDL 11/2020 DE 31 DE MARZO DE 2020

Ante la situación excepcional provocada por la pandemia y el consiguiente estado de alarma, en los últimos días han sido muchas las disposiciones publicadas, en concreto, entre los días 27, 29 y 31 de marzo de 2020, el Gobierno español ha publicado, hasta tres Reales Decreto-Leyes:

3.- El tercero de los RDL publicados, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, regula, entre otras cuestiones, el Derecho a la percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19, que viene regulado en el artículo 28, que dispone que “tendrán la consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual aquellos consumidores que, cumpliendo el requisito de renta, acrediten que con posterioridad al decreto del estado de alarma, el titular, o alguno de  los miembros de su unidad familiar (autónomos), que tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”

Si el contrato de suministro de la vivienda habitual estuviera a nombre de una persona jurídica, el bono social deberá́ solicitarse para la persona física.

Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable, será́ condición necesaria que la renta del titular o la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca sea igual o inferior:

  • a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
  • a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
  • a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

El derecho a percibir el bono social, se extinguirá́ cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.

En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable se extenderá́ más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

La empresa comercializadora estará́ obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC (precio voluntario al pequeño consumidor)

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá́ a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto con la siguiente documentación acreditativa:

  • Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
  • Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
  • Acreditación  de su condicio conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de

17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al

impacto económico y social del COVID-19. En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de  cese de actividad declarada por el interesado.

La comercializadora de referencia remitirá́ al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.

El artículo 30 del RDL 11/2020 establece también un subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

Así, tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

  • Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
  • Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el articulo 49.1.k del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o por el desistimiento del empleador o empleadora, en los términos previstos en el articulo 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

2. La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o

documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

En cuanto a la Cuantía del subsidio (art 31) será el resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar, dicha base estará́ constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30, de ser varios los trabajos desempeñados se calculará la base reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado de realizarse.

La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar el 70% a la base reguladora, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá́ en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora; si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así́ obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente.

Se percibirá́ por periodos mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho, entendiendo por dicha fecha, aquella identificada en la declaración responsable cuando el hecho causante consista en la reducción de la actividad,  o la fecha de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral.

Dicho subsidio extraordinario será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el momento de su devengo, incluyendo las que determinan el alta en el Sistema Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de las actividades no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

Sin embargo, será incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 10/2020.

Por último, el Artículo 33 regula el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.

Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

Dicho subsidio consistirá́ en una ayuda mensual del 80 por ciento del IPRE mensual vigente y su duración será de un mes, ampliable si así́ se determina por Real Decreto-ley.

El  Artić  ulo  34  establece  la  moratoria  de  las  cotizaciones  sociales  a  la Seguridad Social.

Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La citada moratoria afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, vía Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS), debiendo comunicarse a la Tesorería

General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros dias naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud. La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud. Aquellas solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

En los próximos días, nuevas disposiciones legales complementarán o matizarán muchas de las ya establecidas, estando a la evolución de los acontecimientos y adaptándonos tanto trabajadores como empresas a las circunstancias futuras, sin perjuicio de que nuevas prórrogas tanto del estado de alarma como de los permisos obligatorios recuperables o medidas establecidas pudieran adoptarse.

Antonio Peña García apenya@ecoleygranada.es

Abogado – Asociado en 

COMUNICADO COVID19 XI

CIRCULAR SOBRE LOS ÚLTIMOS DECRETOS PUBLICADOS II

RDL 10/2020 DE 29 DE MARZO DE 2020

Ante la situación excepcional provocada por la pandemia y el consiguiente estado de alarma, en los últimos días han sido muchas las disposiciones publicadas, en concreto, entre los días 27, 29 y 31 de marzo de 2020, el Gobierno español ha publicado, hasta tres Reales Decreto-Leyes:

2.- El Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020 se concibe con la idea de tratar de limitar al máximo la circulación de personas y reducir aún más la movilidad de la población, tratando de evitar el número de contagios de Covid-19 y liberar en a medida de lo posible los servicios sanitarios. Este último RDL relaciona en su anexo las distintas actividades.

La primera de las cuestiones a tener en cuenta, dada la cantidad de RDL que se viene publicando en los últimos tiempos y las confusiones que pudieran generar estos en cuanto a la afectación a los trabajadores, en artículo primero establece el ámbito subjetivo de aplicación. En este sentido quedarían incluidas

establecida por el 

  • Trabajadores que prestan servicios mediante el teletrabajo.
  • Trabajadores cuyos contratos están suspendidos por un ERTE.
  • Trabajadores en situación de incapacidad temporal.
  • Trabajadores cuyo sector es considerado como esencial.

En consecuencia, todos aquellos trabajadores que no estuvieran incluidos en alguna de las excepciones citadas deberían obligatoriamente, acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el artículo 2 del RDL 10/2020.

Dicho permiso abarcará el periodo de 30 de marzo de 2020 a 9 de abril de 2020 (ambos incluidos) Hay que tener en cuenta que, si bien los días naturales

de permiso son 15, solo será necesario recuperar los días hábiles (laborables) que serán 8, en la mayoría de los casos, dado que se deben descontar en dichas fechas 2 domingos, dos sábados y 2 festivos.

El permiso obligatorio “disfrutado” por los trabajadores afectados deberá recuperase entre el periodo comprendido entre el día siguiente al cese del estado de alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020. Debiendo llevarse a efecto un periodo de consultas (negociación) entre empresa y trabajadores, en el plazo máximo de 7 días, a través de sus representantes sindicales o sindicatos más representativos, o bien designando a tres trabajadores de la empresa o en su defecto una mediación o arbitraje (en base al art 83 E.T.) De no llegar las partes a acuerdos, se notificará por parte del empresario al trabajador la fecha de recuperación del periodo en cuestión en el plazo de 7 días.

La recuperación del periodo que finalmente hubiera abarcado el permiso obligatorio deberá respetar los descansos diarios (12 horas entre el final de una jornada el comienzo de la siguiente) y semanal (un día y medio ininterrumpido) establecidos en el E.T. Así como no superar la jornada máxima anual establecida en el convenio colectivo de aplicación. Dicha recuperación, particularmente la relativa a los trabajadores con jornada a tiempo completo, va a generar conflictos a buen seguro, ya que en muchos casos no será posible recuperar los días de permiso disfrutados sin exceder dicha jornada máxima anual, dado que muchos trabajadores ya la realizan en los límites máximos establecidos.

Dicho permiso recuperable obligatorio, no será retribuido como tal, (pese a que así se defina por la Norma) sino que será el propio trabajador, con su trabajo al recuperar dichos días de permiso, quién devengue el salario correspondiente, siendo por tanto el salario percibido en dicho periodo por el trabajador generado por el mismo y no derivado de ningún permiso retribuido.

El anexo del RD 10/2020 relaciona las actividades consideradas como esenciales, citando, entre otras, las actividades relacionadas con el sector de la alimentación, tanto de personas como de animales, sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, medios de comunicación, transportes públicos, así como aquellas funciones sociales básicas como salud, seguridad, bienestar social, funcionamiento eficaz de las administraciones públicas, suministro de energía eléctrica, derivados del petróleo, gas natural, hostelería (solo reparto a domicilio) trabajadores del sector industrial manufacturero, empleados de hogar y cuidadores, gestorías, asesorías, despachos de abogados, notarías, registros, limpieza y mantenimiento, vigilancia, etc.

Antonio Peña García apenya@ecoleygranada.es

Abogado – Asociado

COMUNICADO COVID19 X

CIRCULAR SOBRE LOS ÚLTIMOS DECRETOS PUBLICADOS I

RDL 9/2020 DE 27 DE MARZO DE 2020

Ante la situación excepcional provocada por la pandemia y el consiguiente estado de alarma, en los últimos días han sido muchas las disposiciones publicadas, en concreto, entre los días 27, 29 y 31 de marzo de 2020, el Gobierno español ha publicado, hasta tres Reales Decreto-Leyes:

1.- El Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, entre otras se establecen:

En primer lugar (art 1), se mantiene la actividad de centros sanitarios y centros de atención a personas mayores o dependientes.

Durante el estado de alarma, las actividades, (públicas o privadas), relativas a la gestión de centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como las de los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, se entenderán como servicios esenciales, no pudiendo suspender o reducir su actividad. Su incumplimiento será sancionado.

El art 2 establece medidas extraordinarias para la protección de desempleo.

No se podrán esgrimir como causas justificativas de la extinción del contrato de trabajo las causas alegadas para presentar un ERTE, ya sea por fuerza mayor o por casusas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Incentivando la adopción de medidas suspensivas y no extintivas.

El art 3 establece medidas de desarrollo del art 25 del RDL 8/2020 y reglas aplicables a los ERTES derivados del Covid-19 y la agilización de las prestaciones por desempleo.

Se inicia mediante solicitud colectiva (individualizada para cada centro de trabajo) efectuada por la empresa para el cobro de las prestaciones por

desempleo. A la que deberán acompañar los datos de empresa y trabajadores y medidas adoptadas en el ERTE, en el modelo habilitado a tal efecto por el SEPE.

Dichos datos deberán remitirse a través de los medios telemáticos habilitados por el SEPE, una vez transcurrido el plazo previsto de 5 días desde la presentación del ERTE por fuerza mayor, sin que la autoridad laboral se haya pronunciado al respecto, entendiéndose estimada por silencio administrativo positivo, disponiendo que su duración no podrá extenderse más allá de la duración del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

La no trasmisión por parte de la empresa de la información y datos requeridos para el cobro de las prestaciones por desempleo se considerará conducta constitutiva de la infracción grave (multa de entre 626 y 6.250 euros).

Se articula una Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, (según lo previsto en los arts 22 y 23 del RDL 8/2020)

No pudiendo ser convocada la Asamblea General de las sociedades cooperativas para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector tendrá competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socios emitiendo la certificación para su tramitación.

El art 5 establece la Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, suspendidos por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de tal manera que, una vez concluido el estado de alarma, seguirán vigentes continuando desde el día en el que fueron suspendidos.

El periodo de duración de los ERTEs por fuerza mayor coincidirá con la situación del estado de alarma, y sus prórrogas, concluyendo el ERTE una vez se levante dicho estado de alarma, sin perjuicio de plantear a posteriori otro ERTE por otras causas. (D.A. 1ª)

Las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, las medidas solicitadas en relación al empleo que no resultaran necesarias o el reconocimiento indebido de prestaciones, conllevará la imposición de sanciones, con las responsabilidades correspondientes, así como la obligación de devolver las prestaciones indebidamente percibidas. (D.A. 2ª)

Pudiendo en tal caso el SEPE comunicarlo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos. (D.A. 4ª)

Por último, la D.A. 3ª aclara que la fecha de efecto de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma, pero para el caso de los ERTEs por otras causas (ETOP) al no tener efecto retroactivo como si lo tiene la fuerza mayor, la fecha de efectos será la de la comunicación a la autoridad laboral. En todo caso, deberá figurar en el certificado de empresa la fecha de efectos.

Antonio Peña García apenya@ecoleygranada.es

Abogado – Asociado

COMUNICADO COVID19 IX

REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y FISCAL 

Solicitud de las Prestaciones para los autónomos por cese de actividad 

Son muchas las dudas generadas por las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19, especialmente en relación a los autónomos y su acceso a las prestaciones por cese de actividad, regulada en el artículo 17 del RD- Ley 8/2020 de 17 de marzo. 

Recordaran, por nuestra anterior circular, que la medida recogida en este artículo establecía que desde el 14 de marzo pasado, por un plazo de un mes, o hasta el último día en el que se dé por finalizado el estado de alarma, los autónomos afectados podrán beneficiarse de esta prestación, bien porque: 

  • El Real Decreto suspenda su actividad, 
  • Bien porque su facturación en el mes anterior se vea reducida en un 75,00 % respecto a la media del semestre anterior. (Nota aclaratoria: para el autónomo que no lleve ejerciendo ni siquiera un periodo de 6 meses, deberá tenerse en cuenta el periodo completo de actividad). 

Los autónomos que quisieran beneficiarse de esta prestación deberán: 

  • Estar cotizando por el Régimen Especial de Autónomos (RETA) y hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social o pagar su deuda en un plazo de 30 días. 
  • Acreditar la fuerza mayor si la actividad no se ve directamente suspendida. 

Pero, ¿qué ocurre si mi actividad no ha sido suspendida y debo acreditar la reducción del 75,00% respecto a la media del semestre anterior? 

El Criterio 5/2020 SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DIECISIETE DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMP ACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 (https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/criterio%205-2020.pdf) 

precisa y matiza el contenido y aplicación de lo expuesto en el citado artículo 17 y, en tal sentido, establece, entre otras cuestiones, las siguientes aclaraciones: 

Documentación necesaria que se debe aportar (habrá que atender a lo especificado por su Mutua): 

  • Solicitud CATA COVID19 (web mutua).
  • Declaración jurada, “en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación
  • Información contable que acredite la caída de los ingresos, “pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos”. 
  • Fotocopia DNI
  • Certificado bancario de titularidad.
  • Modelo 145 

Cuantía de la prestación 

  • 70,00 % de la base reguladora. 

Alta y cotización: 

  • No exige la baja en Hacienda y en la Seguridad Social. 
  • Ojo: “si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en un 75 por ciento en relación con la efectuada en el semestre anterior, deberá permanecer, en todo caso, de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social”. 
  • Se suspende el pago de la cuota, pero continuaran cotizando. 
  • Por las cuotas ya ingresadas podrá solicitarse la devolución del exceso. 
  • Compatible con la tarifa plana. 

Advertencia: Si usted decide darse de baja por cese de actividad, por causas ajenas a lo establecido en las medidas urgentes derivadas del Coronavirus, esta decisión tendrá consecuencias inmediatas, que pudieran ser perjudiciales: 

Perderá los beneficios de la tarifa plana si estaba acogido a ella. 

Tendrá que solicitarlo por el procedimiento normal establecido, teniendo que argumentar el descenso de la actividad de forma más estricta. 

Por último, recordar que en nuestra página web https://ecoleygranada.es/ le iremos informando de las novedades que se vayan produciendo en los diferentes ámbitos que puedan afectarles a nivel personal y profesional. 

 

Rafael Martín Recuerda Moyano
ECONOMISTA ECOLEY
rmartinrecuerda@ecoleygranada.es 

COMUNICADO COVID19 VIII

REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y FISCAL

El pasado viernes 13 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2020, al objeto de dar respuesta al impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19. Así, el Capítulo IV del Real Decreto

– Ley plantea medidas de apoyo financiero transitorio.

Hoy 18 de marzo de 2020 ha tenido lugar la publicación del BOE nº 73, en el que se publica el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de 2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID – 19.

En esta circular comentaremos los aspectos más novedosos a nivel económico y fiscal.

Como adelantáramos en pasadas circulares, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante AEAT) anunciaba la ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios, si bien estaba pendiente el cambio normativo.

El RDL 8/2020, en sus artículos 33, 40, 42 y 43 clarifica esta situación al definir en qué va a consistir esta ampliación de plazos. Lo más importante, quizás, lo menos esperado, es que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a la que se hacía referencia en el Real Decreto 463/2020, no aplica a los plazos tributarios y, especialmente, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, por lo que todo, a ese respecto, sigue como hasta antes de la crisis generada por el COVID -19. Es decir, usted tendrá que cumplir con sus obligaciones de presentación en fecha como si no hubiera habido crisis, cumpliendo los plazos en los procedimientos de aplicación de los tributos, de revisión, sancionadores, recaudación, etc.

Sin embargo, lo que si tendrá vigencia es lo que ya nos anunciaba el anterior Real Decreto – Ley sobre las medidas acordadas en materia de aplazamiento de deudas, que como recordarán establecía:

Para aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 hasta el día 30 de mayo de 2020. Es decir, a las

declaraciones del primer trimestre y a las mensuales de febrero, marzo y abril, haciéndose extensible a deudas por retenciones o pagos a cuenta, pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y las originadas por tributos que deben ser legalmente repercutidos (IVA) .

Podrán solicitar el aplazamiento las personas físicas o jurídicas que en el año anterior, 2019, su facturación no hubiera superado 6.010.121,04 euros.

Con carácter provisional, para los contribuyentes que deseen acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos, al amparo del Real Decreto – Ley, podrán presentar autoliquidaciones en las que tengan la obligación de realizar ingreso mediante su aplazamiento, acogiéndose a la exención de garantías, incorporando como fecha de aplazamiento 6 meses después de su vencimiento y no devengando intereses durante los 3 primeros meses.

Especial mención queremos realizar a los plazos establecidos en:

Las liquidadas por la AEAT y deudas en apremio:

  • Desde la fecha de la notificación, si no han concluido el 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.
  • Comunicadas el 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, aplicándose este último.

Acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos:

  • Se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.
  • Comunicados el 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Subastas y adjudicación de bienes:

  • Se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.
  • Comunicados el 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Atención de los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, formulación de alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación:

  • Se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.
  • Comunicados el 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
  • No obstante, si se tramitara en el plazo habitual se considerará evacuado.

Ejecución de garantías en el procedimiento de apremio:

  • No se ejecutarán las garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo, hasta el día 30 de abril de 2020.
  • Efectos de la flexibilización de los anteriores plazos en la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de revisión tramitados por la AEAT, en los plazos de prescripción y en los de caducidad.
  • El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará.

Notificaciones y prescripción en procedimientos de reposición y económico-administrativos:

  • Se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se justifique un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.

Interposición de recursos y reclamaciones económico- administrativas:

  • Los plazos no comenzarán a contar, cuando se produzcan a partir del 18 de marzo, hasta el 30 de abril.

En otro orden de cosas, no queremos olvidar las llamadas de alerta realizadas por la AEAT, especialmente las referidas a la relación entre el contribuyente y la propia Administración. En tal sentido indicar que las oficinas de la AEAT permanecerán cerradas para la atención personal, por lo que los trámites con la Administración se realizarán por vía telemática.

A este respecto, en el caso de que sus certificados electrónicos estén cerca de caducar o hayan caducado la AEAT nos comunica que se permitirá el uso de los mismos.

Importante también nos parece mencionar las ayudas vertebradas a los

autónomos, algunas de las cuales se extiende a su ámbito personal.

En tal sentido mencionar que el Real Decreto Ley contempla, en sus artículos 17 y 21, la prestación extraordinaria por cese de actividad. Desde el 14 de marzo, por un plazo de un mes, o hasta el último día en el que se dé por finalizado el estado de alarma, los autónomos afectados podrán beneficiarse de esta prestación, bien porque el Real Decreto suspenda su actividad, bien porque su facturación en el mes anterior se vea reducida en un 75,00 % respecto a la media del semestre anterior.

Los autónomos que quieran beneficiarse de esta prestación deberán:

Estar cotizando por el Régimen Especial de Autónomos (RETA) y hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social o pagar su deuda en un plazo de 30 días.

Acreditar la fuerza mayor.

En el ámbito financiero, el Real Decreto Ley, contempla una línea de avales con garantía del Estado y créditos ICO. Artículo 29 y 30 del RDL 8/2000.

100.000 millones de euros en avales con garantía pública, para los créditos solicitados a bancos por la emergencia del COVI 19. El Consejo de Ministros dictará disposiciones para su solicitud.

10.000 millones de euros para créditos ICO.

Todo ello para PYMES y autónomos.

Igualmente, las medidas adoptadas recogen la Moratoria de la Deuda Hipotecaria, artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14, 15 y 16 RDL 8/2020 de 18 de marzo, en base a:

El criterio que se aplica es el de vulnerabilidad económica como consecuencia del COVI 19.

Destinada, entre otros, a autónomos que sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

Supondrá la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma.

No se cobraran intereses moratorios y se podrá solicitar el aplazamiento hasta 15 día después de la anulación del estado de alarma

Por último, recordar que en nuestra página web https://ecoleygranada.es/ le iremos informando de las novedades que se vayan produciendo en los diferentes ámbitos que puedan afectarles a nivel personal y profesional.

Rafael Martín Recuerda Moyano

rmartinrecuerda@ecoleygranada.es

Economista – Socio en 

COMUNICADO COVID19 VII

MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS SOBRE LOS

ERTES

El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 de 17 de marzo de 2020 ha establecido en relación a los ERTES lo siguiente:

En el artículo 22 se establecen las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

En el primero de sus puntos establece en qué casos la inspección de trabajo y seguridad social podrá establecer que provienen de fuerza mayor y por tanto beneficiarse de la exención del abono de la aportación empresarial prevista en  el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece:

2. En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la empresa ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior” (Se refiere a la aportación del trabajador 273.1)

Así, el citado artículo 22 del RDL 8/2020, en su primer punto establece:

1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido  de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

Continuando en el punto 2 del citado que, decidido por la empresa plantear el ERTE por dicha causa (fuerza mayor), se aplicarán las siguientes especialidades,

respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de:

  • Informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19,
  • La correspondiente documentación acreditativa

Deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá́ ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas, en el plazo de 5 días, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se evacuará en el plazo improrrogable de 5 días, y el cual deberá́ limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

Por otro lado, los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción, relacionadas con el COVID-19, se ocupa el artículo 23 del RDL 8/2020 estableciendo las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará́ integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará́ conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará́ integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá́ estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

  1. El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá́ exceder del plazo máximo de 7 días.
  1. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días”

Mención aparte merece el artículo 24 del citado Real decreto Ley, por cuanto que, a buen seguro, va a generar la mayoría de las dudas y problemas de tramitación del los ERTEs planteados, dado que si bien y acreditada por la inspección de trabajo la fuerza mayor temporal, el artículo 24, apartado 1, establece:

“1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así́ como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial”.

Para los expedientes de regulación de empleo temporal por causas técnicas, organizativas, de producción o económicas no existirá dicha excepción, y por tanto deberán asumir la cotización de la cuota empresarial de todos los trabajadores en situación de suspensión de contratos y reducción de jornada.

En los próximos días se va a producir una saturación de ERTEs, inicialmente planteados por fuerza mayor, que no reuniendo las características establecidas en el artículo 22.1, serán rechazados por la inspección de trabajo, con el consiguiente retraso en la tramitación, y la consiguiente asunción por parte del empresario del coste de nóminas y cuota empresarial de dicho periodo, por lo que la recomendación debería ser la de asegurar de manera fehaciente la fuerza mayor que se pretenda alegar o en su defecto plantearlos por las otras causas establecidas aunque ello suponga asumir la cuota empresarial, dado que pese a los plazos establecidos que apenas va a reducir los plazos anteriormente establecidos, se evitaran dilaciones innecesarias y costosas.

En cuanto a la prestación por desempleo de los trabajadores incluidos en un ERTE, el artículo 25 establece las medidas extraordinarias establecidas a tal efecto, estableciendo:

En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:

    1. El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
    1. No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

También podrán acogerse a dichas medidas, además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es decir:

Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los regímenes especiales de la Seguridad Social que protegen dicha contingencia, con las peculiaridades que se establezcan reglamentariamente.

Los trabajadores emigrantes que retornen a España y los liberados de prisión, en las condiciones previstas en este título.

Los funcionarios interinos, el personal eventual, así como el personal contratado en su momento en régimen de derecho administrativo al servicio de las administraciones públicas.

Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares Baleares y los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección, siempre que todos ellos desempeñen los indicados cargos con dedicación

exclusiva o parcial y perciban por ello una retribución, en las condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena.

Los altos cargos de las administraciones públicas con dedicación exclusiva que sean retribuidos por ello y no sean funcionarios públicos, en las condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena, salvo que tengan derecho a percibir retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese. Estos dos últimos estrían obligados a cotizar por la contingencia de desempleo

Así como aquellos que tengan la condición de socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

Se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:

a) La base reguladora de la prestación será́ la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.

b) La duración de la prestación se extenderá́ hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

En cuanto a los trabajadores fijos discontinuos, las prestaciones por desempleo percibidas por dichos trabajadores y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará́ al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará́ a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá́ de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.

Antonio Peña García
apenya@ecoleygranada.es

 

COMUNICADO COVID19 VI

REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y FISCAL

El pasado viernes 13 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2020, al objeto de dar respuesta al impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19. Así, el Capítulo IV del Real Decreto

– Ley plantea medidas de apoyo financiero transitorio.

No obstante, a la espera de lo que acuerde el Consejo de Ministros de hoy día 17 de marzo de 2020, fundamental para poder conocer como se mitigaran los efectos negativos de la pandemia en el orden económico y social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria anunciaba la ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios, si bien está pendiente el cambio normativo.

Respecto a lo que el Decreto – Ley establece, las medidas acordadas se circunscriben a las siguientes disposiciones:

Aplazamiento de deudas:

Para aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley) y hasta el día 30 de mayo de 2020. Es decir, a las declaraciones del primer trimestre y a las mensuales de febrero, marzo y abril, haciéndose extensible a deudas por retenciones o pagos a cuenta, pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y las originadas por tributos que deben ser legalmente repercutidos (IVA) .

Podrán solicitar el aplazamiento las personas físicas o jurídicas que en el año anterior, 2019, su facturación no hubiera superado 6.010.121,04 euros.

Con carácter provisional, para los contribuyentes que deseen acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos, al amparo del Real Decreto – Ley, podrán presentar autoliquidaciones en las que tengan la obligación de realizar ingreso mediante su aplazamiento, acogiéndose a la exención de garantías, incorporando como fecha de aplazamiento 6 meses

después de su vencimiento y no devengando intereses durante los 3 primeros meses.

Por último, recordar que en nuestra página web https://ecoleygranada.es/ le iremos informando de las novedades que se vayan produciendo en los diferentes ámbitos que puedan afectarles a nivel personal y profesional.

Rafael Martín Recuerda Moyano

rmartinrecuerda@ecoleygranada.es

COMUNICADO COVID19 V

Servicios esenciales garantizados en Juzgados y Tribunales, no afectados por el Real Decreto 462/2020 de 14 de marzo, sobre declaración del estado de alarma.

El Ministerio de Justicia ha hecho público los servicios esenciales que tiene que desarrollar la Administración de Justicia en estos tiempos de aplicación del estado de alarma. Son los siguientes:

PRIMERO 

Cualquier trámite judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable.

SEGUNDO 

Internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico).

TERCERO 

La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las

medidas de protección de menores del artículo 158 del Código Civil.

CUARTO 

Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

QUINTO 

El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de

enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 del Código Civil.

SEXTO

Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etcétera.

SÉPTIMO

Cualquier actuación en causa con presos o detenidos. OCTAVO 

Las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. NOVENO 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electorales.

DÉCIMO 

En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los  procesos de Expedientes de Regulación de Empleo y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

UNDÉCIMO 

En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada).

Para terminar, el acuerdo dice que “el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Audiencia Provincial y el juez decano “adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente“.

José Manuel Aguayo Pozo

jmaguayo@ecoleygranada.es