ENTREVISTA ONDA CERO – ECOLEY COVID19

Os presentamos la entrevista a nuestro compañero, Antonio Peña en Onda Cero Granada.

HISTORIA DE LOS HOMBRES MALOS

“AMIGOS MÍOS, RETENED ESTO: NO HAY MALAS HIERBAS NI HOMBRES MALOS. NO HAY MÁS QUE MALOS CULTIVADORES”

VICTOR HUGO

Cuando escribo este artículo para IDEAL, 9 de marzo de 2020, recuerdo varios sucesos de ayer: Fue el día de la Mujer, fue el día del mitin de Vox, fue el nombramiento por amplia mayoría de Inés Arrimada como Presidenta de Ciudadanos y vi una película genial, “Los Miserables” del director Ladj Ly, en el entrañable Cine Madrigal.

Me congratulé con el éxito de la manifestación de Granada el día de la mujer. No sé si hubo exclusión como en Madrid, donde un grupo de mujeres abucheó a otras que pensaban como ellas, pero no compartía ideología política. Actos de sectarismo político oscurecen un día que debió ser reivindicativo en lo que concierne a los derechos de la mujer y su carrera por la igualdad con el hombre.

El segundo acto que atrajo mi atención fue el mitin del Sr. Abascal, líder de Vox. Hubo mucha desmesura en sus palabras y en las de otros intervinientes, pero no es buena idea descalificar sin más a esos oradores sin analizar lo que dicen y porque lo dicen, ya que es la tercera fuerza política de nuestra madura democracia.

Y los que dicen los señores de Vox convencen a españoles, que antes no estaban en esa órbita política. Porque, no combatir ideas, que no nos gustan, con argumentos es darle un triunfo a quien se pretende combatir. No ocurre solo con Vox, en el panorama político se ha perdido la argumentación ideológica y se ha caído en la descalificación sin más del adversario.

Oímos, a menudo, en los escasos debates que hay en nuestros medios de comunicación, descalificaciones ante argumento más o menos brillantes, como éste es un facha, o éste es un narco comunista o un tonto útil, ¿De verdad, tenemos tertulianos tan mediocres o políticos de medio pelo?, Desde mi punto de vista sí.

El debate político de la Sexta TV, es una jaula de grillos, donde nadie se escucha y todos se pisan la manguera como malos bomberos, donde un moderador no modera y cuya objetividad brilla por sus ausencia, este panorama se observa en menor medida en otras cadenas como TVE 1, 24 horas TV y Canal Trece, ¡Cómo añoro aquellos debates de la Clave, moderada por José Luis Balbín !

En España hay un ataque decidido hacia la libertad de expresión por grupos sectarios y de pensamiento único, que están haciendo un flaco favor a nuestra Democracia y a la tolerancia política que hizo posible una Constitución y 40 años de convivencia pacífica entre españoles. El siguiente hecho importante es el nombramiento, por una amplia mayoría, como Presidente de Ciudadanos de Inés Arrimadas, mujer valiente donde las haya y defensora, como nadie, de la españolidad de Cataluña. El pueblo español, que tan erráticamente ha votado en estas elecciones, debe apoyar a esta gran mujer en las próximas elecciones generales y esto será posible, si Inés Arrimadas une al partido y acierta en sus alianzas y posiciones políticas. Le deseo lo mejor, ya que en España hace falta un partido que lidere el centro político y evite el frentismo ideológico.

De la película “Los Miserables”, solo pido que la vean, a mi me impactó con su carga dramática y su verdad contenida en la frase de Víctor Hugo, porque en España hacen falta buenos cultivadores, en la familia, en la escuela y en la clase política. Aunque esto daría para otro artículo.

Al Madrigal felicitarle por el buen cine que está trayendo a Granada, a la familia Torres Molina agradecerle su esfuerzo para mantener abierta la sala y a los responsables culturales, que premien su esfuerzo con reconocimiento y ayudas.

 

Granada a 9 de marzo de 2020

Francisco Martín Recuerda García
Club de la Constitución

Ora et labora

A vueltas con la Administración Pública y la aplicación de los Convenios

Comentarios a la situación de los Ayuntamientos sin Convenio Colectivo Propio y las dudas sobre la Norma Sectorial

 

En fecha 6 de mayo de 2019, la sala de lo social del Tribunal Supremo ha establecido en la sentencia del pleno nº 335/2019 que ante la inexistencia de un convenio colectivo propio en la entidad pública que desarrolle varias actividades, resulta de aplicación lo pactado en el contrato de trabajo, no pudiendo quedar afectados por lo dispuesto en un convenio sectorial del que no se ha formado parte en la negociación, así como tampoco figurar representada por las asociaciones empresariales firmantes del mismo.

El pleno de la Sala ha incidido en que una Administración Pública que no tiene convenio colectivo propio u otro específicamente aplicable, no puede estar sujeta a normas convenidas por organizaciones patronales necesariamente guiadas por intereses particulares o sectoriales que muy difícilmente podrán coincidir con aquellos intereses públicos y generales que los Ayuntamientos están llamados a desempeñar.

Las razones esgrimidas por la Sentencia por la que se procede a modificar la doctrina se resumen fundamentalmente en tres:

  • Adecuar las previsiones del Estatuto de los trabajadores (E.T.) sobre el ámbito de aplicación de los convenios.
  • Unificar la posición de la Sala respecto de la aplicabilidad de los convenios sectoriales en el ámbito de las administraciones públicas en el sentido de rechazar tal aplicación cuando en el convenio sectorial no ha tenido participación el ente público afectado.
  • Y finalmente, porque las administraciones públicas no concurren en el mercado en el espacio sectorial en el que lo hacen las empresas afectadas por el convenio colectivo, sino que, generalmente, realizan actividades de naturaleza similar, normalmente de carácter instrumental, al servicio del interés público.

Sin embargo, la citada sentencia contiene un total de hasta 5 votos particulares, 4 de ellos contrarios a la nueva doctrina,  planteando las dudas suscitadas ante las contradicciones que la misma genera, y argumentando que la doctrina unificada establecida por la Sala de casación tendría que haber sido la misma que la ya establecida en pleno en las sentencias TS 07/10/2004 (rcud 2182/2003), seguida por TS 01/06/2005 (rcud 2474/2004),existiendo situaciones concretas que plantean razonables dudas a partir de distintas circunstancias, entre otras, cuando la entidad pública no tenga convenio colectivo propio, remitiéndolos a las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores; incidiendo directamente en la precariedad en el empleo y en la desigualdad o discriminación en las relaciones laboralesrespecto a los trabajadores que efectúen la misma actividad para una empresa que no tenga la condición de Ayuntamiento (artículo 14 C.E. y17 E.T.), e incluso el “no pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución” (artículo 28 E.T.) si los afectados coinciden con otros trabajadores que a través de contratas o concesiones prestaran servicios para el Ayuntamiento realizando análogos trabajos.

Y en relación con ello, el artículo 3 del E.T. establece:

 

  1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
  2. a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
  3. b) Por los convenios colectivos.
  4. c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados.

¿Y si el contrato de trabajo no establece convenio alguno de aplicación? como así sucede en muchos casos, ¿podría el Ayuntamiento aplicar unilateralmente el convenio colectivo que considere? La solución se nos antoja negativa, pues el artículo 3.3. E.T., dispone que los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

La solución al problema estaría clara, la formalización por los Ayuntamientos de un convenio colectivo propio sería la herramienta jurídica más adecuada para dar una solución definitiva a esta problemática, permitiendo regular unitariamente las relaciones laborales de todos sus empleados y de todas las diferentes actividades que pudiere desarrollar en la prestación del servicio público o, en su defecto adherirse, de común acuerdo, a la totalidad de un convenio colectivo en vigor, según lo previsto en el artículo 92 del E.T.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es si un Ayuntamiento, en tanto en cuanto explota o regenta, aún sin animo de lucro, una actividad con personal laboral a su cargo, ¿tendría la consideración de empresario? ¿Le afectaría en consecuencia la normativa laboral?

El artículo1 (apartados 1 y 2)del E.T., establece que, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

Por tanto la respuesta, al menos en calidad de empleador, debería ser afirmativa.

En este sentido, de no admitirse, la verdadera naturaleza de los convenios colectivos estatutarios se vería recortada, al no considerar dentro de su ámbito de aplicación a los Ayuntamientos, pese a figurar expresamente obligados en el mismo, y máxime cuando además, el artículo 37.1 de la C.E. dota a los convenios colectivos estatutarios de eficacia general o “erga omnes”, porque alcanzan fuerza normativa y constituyen la segunda fuente de la relación laboral en el orden jerárquico que de tales fuentes suministra el artículo 3.1 del E.T.

Razonándolo también en base a lo estipulado en el artículo 82.3 del E.T. que dispone:los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia.

Así queda expuesto de manera patente en el voto particular de la sentencia, al establecer que “la eficacia normativa de estos convenios es una eficacia privilegiada, pues llegan a formar parte del ordenamiento jurídico, de tal manera que obligan no solo a los negociadores y a los representados por ellos, sino a muchos trabajadores y empresarios que ni participaron en la negociación ni tampoco estaban representados por los negociadores.

Pero, al no existir un convenio de este ámbito específico, lo lógico es que la relación laboral de la que aquí tratamos quede sujeta al Convenio que, con carácter general, resulta aplicable a todas y cada una de las empresas que se dedican a la misma actividad. Si así no fuera, se crearía un injustificado vacío de regulación en los centros de trabajo a cargo de los Ayuntamientos, y quebraría el principio de igualdad que consagra el art. 14 de la C.E., y también acoge el art. 17 del E.T., resultando indebidamente perjudicados los trabajadores que prestaran servicios para el Ayuntamiento con respecto a los que los prestaran en la misma actividad para otra empresa en la que no concurriera la cualidad de Ente público; y el Tribunal Constitucional, en su Sentencia número 205/1987 de 21 de Diciembre ha declarado que en cuanto parte de relaciones laborales privadas, la Administración está sujeta a las mismas reglas jurídicas que las demás empleadoras”, invocando al efecto su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que le impone el artículo 103,1 de la Constitución…”

Es pacífica la doctrina que establece que el principio de Igualdad impele a que se dé el mismo trato a aquellos que se encuentren en situaciones iguales, por lo que debe de concederse un tratamiento idéntico en tales supuestos (así lo contemplan las sentencias delTribunal Constitucional nº 59/1982 y 161/1991, entre otras), de tal modo, como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11/10/1994:

“la igualdad se vulnera si la desigualdad apreciada se encuentra ayuna de una justificación objetiva y razonable, no en aquellos supuestos en que la justificación deviene de una razonable proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, y así a mero título ilustrativo la antigüedad, categoría profesional, disponibilidad, etc., más no posee dicho significado la utilización del criterio consistente en la propia naturaleza de la relación laboral, cuando el trabajo es coincidente y de idéntico valor, cual es el caso”.

En esos términos se pronuncia también el Tribunal Constitucional en Sentencia nº17/1993, de 31 de mayo, cuando determina que la modalidad de adscripción del trabajador no puede por sí misma justificar el distinto tratamiento retributivo de los trabajadores, más aún cuando el trabajo desarrollado es el mismo.

¿Y si la actividad desempeñada, entre otras, en el Ayuntamiento en cuestión fuera, por ejemplo, la de limpieza pública viaria?

El artículo 26de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece:

  1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
  2. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Siendo la citada actividad competencia de la Administración, sin perjuicio de que la misma fuera subcontratada, estaríamos en presencia de una actividad, y de un convenio colectivo, en el que, aún no habiendo sido parte negociadora del mismo la administración, su ámbito de aplicación sí establece que la normativa del mismo sea de obligado y general cumplimientopara todas las empresas y entidades públicas, en concreto:

Artículo 6. Ámbito funcional

El presente Convenio general establece y regula las condiciones de trabajo del personal de los servicios de limpieza pública, viaria…

Artículo 7. Ámbito personal

La normativa de este Convenio será de obligada y general observancia para todas las empresas, entidades públicas y privadas y personal de las actividades enumeradas en el artículo anterior.

De igual manera, el artículo177del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone:

  1. La selección del personal laboral se rige por lo establecido en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
  2. La contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial, y demás modalidades previstas en la legislación laboral.

Sobre este particular, recientemente, la Sala de lo social del T.S., ha inadmitido, por sentencia (nº 28/20 de 15/01/2020), el recurso de casación para unificación de Doctrina formulado por un Ayuntamiento de una Localidad de Granada,  confirmando la sentencia de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada) (609/17 de 08/03/2017que estimaba las pretensiones del actor, con categoría profesional de conductor, y cuya controversia se centraba en determinar cuál debía ser la fuente reguladora de las condiciones de trabajo, singularmente del salario, de un trabajador dedicado a las labores de limpieza pública viaria, señalando la Sala de Granada, que el convenio colectivo de aplicación sería el del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado,al no tener el Ayuntamiento en cuestión convenio colectivo propio, aplicando este indebidamente el de oficinas y despachos.

Generándose la lógica contradicción entre la sentencia citada (T.S.J. Granada 609/17 de 08/03/2017, confirmada por T.S. nº 28/20 de 15/01/2020) y la nueva doctrina establecida por el pleno de la Sala (T.S.  nº 335/2019de 06/05/2019) la cual, venía a anticipar, en su fundamento de derecho tercero, apartado 2, lo siguiente:

 

La ausencia de contradicción impide que la Sala pueda resolver el recurso y aplicar la doctrina de sus SSTS –pleno- de 6 de mayo de 2019, Rcuds. 406/2018, 409/2018, 608/2018 y 4452/2018 porque la ausencia de contradicción debió conllevar, en su momento, la inadmisión del recurso y, ahora, se convierte en causa de desestimación

 Dando por hecho, supuestamente, que de haber podido aplicar la nueva doctrina, de haberse invocado otra sentencia sustancialmente idéntica al objeto de poder unificarla, según y así tiene establecido el artículo 219 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, la solución quizá habría sido distinta, o no, pues en el caso concreto, en el contrato de trabajo no se establecía convenio colectivo alguno; la actividad era la de limpieza pública viaria; y el convenio colectivo aplicado al trabajador, el de oficinas y despachos, no resultaba, en caso alguno, más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables, como así establece el artículo 3.3 del ET., así como tampoco guardaba relación alguna con la actividad desempeñada por este, entre otras razones. También podría haber acudido a la doctrina ya existente en la sentencia mayoritaria respecto de la sentencia TS 19/05/2015 (rco 358/2014, pleno),  que venía a establecer, que: “aunque está claro que la regulación convencional mejora, y mucho, las prescripciones estatutarias, de todas formas no cabe olvidar, como regla general y sin perjuicio de excepcionales irrupciones en el ámbito sectorial por parte de empresas en principio ajenas a él (como por ejemplo, el de las sentencias del TS 21/10/10 (rcud 806/10, 23/09/14, rco 50/13), que el convenio colectivo no puede contener cláusulas obligacionales que afecten a quienes no son parte en la negociación, ni en su contenido normativo cabe establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación”

Lo que no se hizo, poniendo en evidencia que, pese a que la nueva doctrina aclara en parte la no afectación de lo dispuesto en un convenio sectorial a los Ayuntamientos que desarrollen varias actividades, diversas circunstancias particulares y específicas podrían constituir una excepción a la regla ante la evidencia de las contradicciones suscitadas. No se trataría, no obstante, de negar la aplicación de un determinado convenio colectivo a una administración por el mero hecho de no haber participado esta en su negociación, sino que además deberían concurrir una serie de parámetros necesarios para que dicha situación fuera aplicable y en consecuencia confirmar la aplicación exhaustiva de la doctrina establecida.

En cualquier caso, y como así ha expresado en reiteradas ocasiones la Sala, esta no queda obligada a aceptar una de las dos doctrinas formuladas por las sentencias comparadas, sino que debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a Derecho para el caso controvertido, que establezca como doctrina unificadaEl tiempo lo dirá.

 

Antonio Peña García

Abogado – Asociado en Ecoley “Economistas & Abogados”

 

SENTENCIA TRIBUNAL JUSTICIA SOBRE EL IRPH

SENTENCIA DE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA DE 3 DE MARZO DE 2020 SOBRE EL IRPH: ¿UN INDICE ASEQUIBLE PARA LOS “ATENTOS Y PERSPICACES”?

 

Según nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de pleno, número 669/2017, de 14 de diciembre) y esta STJUE, cualquier consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, puede fácilmente distinguir que esas formas de cálculo se refieren a los tipos medios de los préstamos hipotecarios a más de tres años de bancos, cajas de ahorro y conjunto de entidades, respectivamente.

El TJCE se ha referido reiteradamente en su jurisprudencia a un consumidor medio, normalmente informado. A la idea de consumidor medio se asocia la normalidad del nivel de información, entendido como nivel de conocimientos. Por supuesto, no se trata de que el consumidor posea un determinado nivel académico o cultural, sino de que cuente con la suficiente experiencia y aptitud para interpretar la información que se le facilita sobre los productos y las condiciones en las que éstos se comercializan.

El criterio del consumidor medio ha sido definido por el Abogado General COSMOS en el asunto C-77/97 como el modo en que un consumidor percibe el producto en relación al modo en el que se le presnta ese producto.

Para la STS del TJUE de fecha 3 de marzo de 2020, es “elemento especialmente pertinente” para la valoración de si una clausula que fija un tipo de interés variable es comprensible, en cuanto a su funcionamiento concreto y sus consecuencias jurídicas y económicas el hecho de que, en la legislación española está publicado en el BOE y, como salta a la vista, claramente definido.

No obstante, la Sentencia recuerda que corresponde solo al órgano judicial remitente le compete llevar a cabo las comprobaciones necesarias al respecto para verificar si se han comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar el coste total de su préstamo. En este sentido, indica que la publicidad y la información proporcionada por el prestamista en el marco de negociación del contrato de préstamo son elementos a ponderar.

El Tribunal establece que los juzgados nacionales deberán comprobar, caso por caso, si en el contexto de la celebración del contrato, el banco cumplió, efectivamente, con todas las obligaciones de información establecidas por la normativa nacional.

Se tratará de que el Banco pruebe que el consumidor estaba en condiciones de comprender el funcionamiento del modo de cálculo del IRPH y de valorar las consecuencias económicas, potencialmente significativas de dicha clausula, sobre sus obligaciones financieras.

Y a tal fin, el Tribunal da una de cal y otra de arena: La de cal, entiende que la mera publicación del modo de cálculo en el BOE ya lo hace resultar fácilmente asequible, presumiendo nuestra atención y perspicacia. Y otra de arena: el Banco deberá acreditar que ha suministrado suficiente información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés.

Respecto a la primera cuestión, la lucha por evidenciar que las fórmulas que determinan cómo se calcula el tipo de interés no son fácilmente asequibles, será complicada porque nuestro Tribunal Supremo y el TJEU, no lo consideran así; pues presumen que nuestra atención y perspicacia es suficiente para comprender tan didáctico diario oficial.

El otro “elemento especialmente pertinente”, sí considero que será donde habrá que incidir, junto con la concurrencia o no de información y publicidad suficiente. En efecto, lo esencial es conocer la evolución del tipo propuesto y, también, la evolución de los demás tipos, toda vez que una adecuada comprensión de la carga económica asumida implica  conocer cual fue la evolución de los demás tipos de referencia. En este sentido, recordar que hasta noviembre de 2008 el valor del IRPH y del Euribor había sido bastante similar.

No será una labor sencilla, pero sí existe la posibilidad de anular la clausula del IRPH si no se suministró la información exigida por la normativa española y en condiciones de ser comprendida. En ese caso, el IRPH deberá ser sustituido por el tipo que se hubiese acordado en sustitución, o el índice legal aplicable en defecto de acuerdo, siempre que el contrato de préstamo no pudiera subsistir tras la supresión de la clausula en su totalidad dejara al consumidor expuesta a consecuencias especialmente perjudiciales. Lograda la nulidad habría que ponderar si la anulación del contrato en su totalidad, según los casos, pude o no tener consecuencias perjudícales o beneficiosas para el consumidor.

Lo aconsejable sería acumular a esa acción alguna acción de nulidad de otras cláusulas abusivas como la de atribución de todos los gastos, de prosperabilidad más clara, para intentar el éxito de la anulación del IRPH sin riesgo, siempre que las condiciones de su contratación sean susceptibles de ser censuradas en la forma que exige esta sentencia.

 

José Manuel Aguayo Pozo

Abogado

 

impuesto hipotecas

Impuesto sobre las Hipotecas

Impuesto sobre las Hipotecas: “El suspense ha comenzado”

Los lectores de IDEAL están siendo bombardeados por opiniones de todo tipoque le llevan a plantearse un dilema, otro más, sobre la deriva que tomará el Caso Hipotecas.

La “culpa” la tiene una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada el 16 de octubre de 2018 con número 1505/2018, en el recurso de casación número 5350/2017 interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A., que es firme.

Y, ¿qué tiene la citada Sentencia para generar tal polémica, que ha puesto a la Banca Española en pie de guerra?

Explicar este suceso no es fácil, pese a la sencillez con que se aborda su problemática por parte de los Excmos. Sres. que han dictado esta Sentencia, la verdad sea dicha, no por unanimidad.

La clave de la bóveda está en el cambio del sujeto pasivo, en el obligado al pago del impuesto, que grava la garantía hipotecaria como Acto Jurídico Documentado, es decir, antes pagaba el impuesto el prestatario y ahora lo pagaría el prestamista.

Y, ¿quiénes son, mayoritariamente, los prestamistas? La Banca. El desastre que se avecinaba en nuestro sistema financiero y las dudas que planteaba el cumplimiento de la Sentencia, especialmente en cuanto a su alcance, motivó al alto Tribunal a convocar al Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

La preocupación que se produjo esta convocatoria entre los afectados fue de tal calibre, que el Presidente del Tribunal Supremo pedía disculpas a la ciudadanía por la gestión de la crisis, pues, estamos en presencia de una crisis de aúpa, que afecta a la credibilidad de nuestras más altas Instituciones.

Analizando las tripas de la Sentencia, especialmente en su Fundamento de Derecho Quinto, la culpa la tiene una modificación, a modo de interpretación que realiza el Gobierno de turno por su cuenta, al artículo 29 de la Ley Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que dice: “en los documentos notariales (La garantía hipotecaria lo es) será el sujeto pasivo del impuesto (pagador) aquellos en cuyo interés se expidan.

El Reglamento del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su artículo 68.2, añade que será el prestatario el obligado al pago. Pues bien este apartado ha sido declarado nulo en el ordinal cuarto de la citada Sentencia, determinando en el Fundamento de Derecho Sexto de la misma que “el sujeto pasivo (pagador) en el impuesto sobre actos jurídicos documentados cuando el documento sujeto es una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaría es el acreedor hipotecario, no el prestatario”.

A mi modesto entender el Alto Tribunal dice que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo que conlleva dos actos el préstamo, en si, y la garantía hipotecaria. El préstamo no requiere un documento público para su eficacia, mientras que la garantía hipotecaria tiene carácter real se debe instrumentalizar en documento público que debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad para que tenga eficacia.

Y, ahí es, en la garantía hipotecaria, donde el alto Tribunal interpreta que su inscripción obligatoria se hace en interés del prestamista y, es por tanto, éste el que debe pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

La trascendencia de la Sentencia, teniendo en cuenta que podían haber mas del mismo tenor y crea Jurisprudencia, alarma a la entidades financieras y, muy especialmente, su aplicación con efectos retroactivos, extremo este, que no viene determinado en el Fallo de la misma.

Y, entonces, se formó el Belén. Porque, a mi modesto parecer se puede entender que el efecto retroactivo alcanza a los cuatro años transcurridos desde se devengo del impuesto, tal como dicen los expertos fiscales, que recomiendan pedir su devolución a las Agencias Tributarias de las Comunidades Autónomas, mediante el procedimiento de devolución de ingresos indebidos o  podemos entender que el período de reclamación alcanza a los últimos 15 años al haber hecho los prestatarios un pago, que no les corresponde, por cuenta de los prestamistas.

En el primer planteamiento, los pagadores serían la Comunidades Autónomas, que no están, precisamente, sobradas de dinero, bien es verdad, que a continuación se le reclamaría la deuda a los prestamistas, que son los obligados al pago, según la Sentencia

En el segundo de mis planteamientos la reclamación sería directamente a los prestamistas. Y la cantidad sería muy superior a la primera. Algunas opiniones estiman cantidades más o menos astronómicas que harían un siete a las finanzas del sistema bancario español, recién salido de una crisis, de extraordinarias y peligrosa consecuencias para la estabilidad económica de España.

La solución se aplaza, como dije al principio, por la intervención del Presidente de la Sala de lo Contenciosos y la convocatoria del Pleno de la misma. Difícil papeleta que se le presenta al alto Tribunal primero y al Gobierno después para conciliar los legítimos interese de los ciudadanos afectados por el pago indebido del impuesto y, fundamentalmente, al Gobierno de España, que finalmente deberá solucionar este delicado problema, espero que con la leal colaboración de todos los grupos políticos.

 

Francisco Martín Recuerda García

Decano de Honor del Colegio de Economistas de Granada

 

 

Club Cámara Granada

El Club Cámara Granada salta las fronteras de la provincia

Artículo publicado en Granada Hoy.

 

Las pensiones en Almoneda

Las pensiones en Almoneda

Los lectores de IDEAL hemos podido comprobar los vaivenes de los distintos Gobiernos en este crucial asunto de las pensiones: Tema clave de un Estado de Bienestar que se tenga por tal y fundamento básico de la Economía Social de Mercado.

¿Por qué apuesta Europa por el Estado de Bienestar? Y, lo que es más importante, ¿cuáles son las claves de un Estado de Bienestar? Y ¿por qué surge el Estado de Bienestar?

Las claves están en los movimientos revolucionarios, que se hacen virales en el siglo XIX y XX de nuestra era, que culminan con la Revolución de 25 de Octubre de 1917 en la Rusia del Zar Nicolás II, nuestra Guerra Civil de 1936-1939 y la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945.

Europa tomó buena nota de que los salarios de miseria y la pobreza extrema eran el mejor caldo de cultivo para los movimientos revolucionarios, con su cadena de desordenes, huelgas salvajes y paralización, en suma, de la actividad económica.

Se impuso, después de la Segunda Guerra Mundial, un giro que dio su resultado y pudimos vivir una situación de estabilidad y prosperidad nunca conocida, tanto en España como en Europa.

La clave del éxito está en tres factores: La medicina universal, a través de los Sistemas de salud, financiada por trabajadores empresarios y el Estado; el sistema de previsión social, seguro de desempleo y las pensiones para las personas que cumplieran una determinada edad o sufrieran algún tipo de invalidez y el sistema impositivo basado en el principio de solidaridad y progresividad, el que mas tiene debe contribuir mas a la Hacienda Pública 

La vida del trabajador mejoró con instituciones como el salario mínimo, el seguro de desempleo y los convenios de trabajo negociados libremente por trabajadores y empresarios, así como, la gratuidad del Sistema de salud.

Todo ello llevó a la paz social, a la generación de riqueza y a la estabilidad política. Europa que vivió guerras civiles y dos guerras mundiales en la primera mitad de l siglo XX, ha llegado al siglo XXI sin estas lacras.

 Pero llegó el siglo XXI y se produce la crisis del año 2007 de la que todavía estamos saliendo y en Europa se rompe el principio de solidaridad que dio lugar al Comunidad Económica Europea primero y a la Unión Europea después

La palabra estrella que recorre Europa era recortes, sobretodo para aquellos países que no habían hecho sus “deberes”, las políticas económicas que fueron exitosas para salir de la depresión de 1929, desgraciadamente, habían sido olvidadas por los Ministros de Economía de la Unión Europea.

Y puestos a recortar se puso el punto de mira en los pensionistas y la intoxicación de un liberalismo del siglo XIX, puesto de moda por las elites económicas y sus corifeos, se abrió paso en Europa.

De nada sirvió, el brutal sacrificio que hicieron los pensionistas, para sostener con sus magras pensiones el estado de bienestar que se derrumbaba, por poner un ejemplo evidente, en España se sostuvo el desempleo gracias a la solidaridad de los pensionistas.

El Gobierno comenzó obligando a los pensionistas al “copago” farmacéutico, antes no se pagaban las medicinas, después se redujo las pensiones al no actualizarlas con el IPC y, posteriormente, se habla de una pensión sostenible y se dan una serie de estadísticas engañosas para justificar estas medidas.

Indudablemente, ante las falsedades que oímos, en debates sesgados de las televisiones públicas y no públicas, se echa de menos en España una seriedad de planteamientos por parte del Gobierno de España.

Ahí van algunas ideas a debatir y proponer a los medios de Comunicación y a las Instituciones de este país, de cara al sostenimiento de las pensiones:

Aumento de los salarios, reducción de las diferencias entre salarios altos y bajos y medidas de fomento del empleo

Aumento de la progresividad en las cuotas de la Seguridad Social y en las de los Impuestos Directos, modificación de los indirectos en cuanto afecten a los artículos de primera necesidad

Permitir a los pensionistas compatibilizar la pensión con su actividad empresarial o profesional

Fomento de la actividad empresarial y profesional

Fomento del empleo público productivo

Atentamente,

Granada  04 de octubre de 2018

Publicado en IDEAL (https://www.ideal.es/) el 13 de octubre de 2018

 

 

FRANCISCO MARTÍN RECUERDA GARCÍA

Decano Honorario del Colegio de Economistas de Granada

Abogado en Ecoley economistas & abogados

Exención de las prestaciones por maternidad

Exención de las prestaciones por maternidad

La reciente Sentencia número 1462/2018 de la Sala de lo Contencioso de Tribunal Supremo de 18 de Septiembre de 2018 ha creado un revuelo mediático por afectar según estimaciones a un millón de madres y suponer una devolución al Ministerio de Hacienda por importe de 1500 millones de euros. 

La Prestación por Maternidad la concede el INSS, por el periodo de baja por maternidad. 

El cálculo de dicha prestación, sería el 100% de la base reguladora que resulta de dividir la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior al de la fecha de inicio del período de descanso por maternidad, por el número de días a que dicha cotización se refiere.

Para las trabajadoras contratadas a tiempo parcial dicha base reguladora será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización de los últimos 12 meses inmediatamente anterior, entre 365 días. 

Mientras que si se trata de trabajadoras por cuenta propia recibirá una prestación que será igual a dividir la base de cotización de los 6 meses anteriores entre 180 días, en caso de no tener dicho período de 6 meses, se divide entre los días en que el trabajador haya estado en alta en dicho régimen dentro de ese período.

Indicar que dicha medida también afecta al subsidio no contributivo por maternidad, reconocidas a  aquellas trabajadoras que no reúnen el requisito del periodo mínimo de cotización exigible en la prestación contributiva y cuya cantidad a percibir sería el 100% del IPREM vigente en cada momento, durante al menos 42 días naturales a contar desde el parto.

Pues bien el importe, que puede ser significativo, hasta ahora, se incluía en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como un ingreso y se tributaba por él.

¿Qué dice la Sentencia del alto Tribunal?

El Tribunal se plantea si es de aplicación a la prestación por maternidad la exención que contempla el artículo 7.h párrafo tercero del la ley que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que dispone “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad” 

Y la Sala de lo Contencioso del  Tribunal Supremo en su Fundamento de Derecho Tercero, considera que esta exenta la prestación de maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas y así lo reproduce en el fallo de la Sentencia.

¿Qué declaraciones se pueden ver afectadas?

Las correspondientes a los ejercicios no prescritos, que al día de hoy serían 2014, 2015, 2016 y 2017.

¿Cómo solicitar la devolución?

En principio, mediante escrito dirigido a la Agencia Tributaria acompañado la documentación probatoria que serían las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de ese años.

Es de reseñar que la Agencia Tributaria está diseñando un impreso modelo, que, desde luego, no sería vinculante.

Nuestro consejo es que acudan a su asesor fiscal y que el comience a preparar la solicitud de devolución por ingresos indebidos, la confeccione y, previa firma del contribuyente y/o a través de su firma electrónica la presente en la Delegación de la Agencia Tributaria, a los lugares señalados por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Ecoley, como sociedad integrada por economistas y abogados expertos fiscales, queda a su disposición para ayudarles y asesorarles en estos trámites.

 

Francisco Martín Recuerda García /Abogado

Miriam Romero Sánchez / Asesora Laboral

La Formación: El Futuro del Empleo

La Formación: El Futuro del Empleo

El equipo de Sinergia Innova se desplaza al Museo Picasso Málaga para participar en el Encuentro de Cecap Andalucia “La Formación: El Futuro del Empleo”, que se celebrará los días 15 y 16 de Junio.

La Asociación, que nace con el firme propósito de ser un punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo, busca la mejora de la competitividad mediante la firma de convenios con colectivos empresarial y asociaciones civiles o públicas y el beneficio mutuo mediante la generación de sinergias entre las empresas que se adhieran. Los colectivos formados por asociados, trabajadores, y firmantes del convenio podrán beneficiarse de toda una gama de servicios integrales con tarifas especiales impartidos por profesionales de sobrada experiencia, profesionalidad y transparencia.

La Asociación ofrece además toda una red de contactos profesionales fruto de su presencia en el tejido empresarial granadino y andaluz que permite la generación de sinergias con otros sectores.
En definitiva, una propuesta de valor que busca dar más fuerza al tejido empresarial andaluz bajo los principios de unión, honestidad y responsabilidad.

reclamar gastos hipoterios

Reclamar los Gastos Hipotecarios

RECLAMAR LOS GASTOS HIPOTECARIOS

El 90% de los ciudadanos ha formalizado alguna vez en su vida un préstamo hipotecario; y esa operación ha conllevado una serie de gastos que, en la gran mayoría de las ocasiones, ha podido suponer entre un 8%-12% de la cantidad concedida: Registro, Notaría, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, Tasación,…..

La práctica habitual de las entidades bancarias a la hora de formalizar un préstamo hipotecario ha sido la de atribuir indiscriminadamente al prestatario la totalidad de los gastos que pudieran derivarse de la escritura, sin especificar o matizar la posibilidad de que alguno pudiera corresponderle al prestamista (entidad bancaria). Es importante saber y conocer que, el prestatario no es el obligado al pago  de la totalidad de dichos gastos, sino que nuestra normativa recoge un reparto equitativo de los mismos, en función de quien sea la persona interesada en que ese gasto se produzca.

Y teniendo en cuenta dicho reparto equitativo regulado normativamente, nuestra jurisprudencia se viene pronunciado al respecto, declarando nulas todas aquellas cláusulas que imponen la totalidad de los gastos al prestatario  por ser éstas abusivas y condenando a las entidades bancarias a la restitución a los consumidores de aquellas cantidades abonadas en su  nombre y cuya obligación no tenían de pagar.

Por lo que si Usted se encuentra en este caso, en el que tuvo que pagar la totalidad de los gastos asociados a la formalización de su hipoteca, es el momento de poder recuperar dichos importes, con total garantía y éxito asegurado.

 

¿A QUÉ TIPO DE HIPOTECAS AFECTA?

El único requisito para poder reclamar los gastos de formalización de su préstamo hipotecario es que el destino del mismo haya sido para la adquisición de su vivienda, dando igual que sea 1ª o 2ª vivienda, o bien para realizar reformasen la misma, cualquier finalidad distinta de un negocio.

No estarán incluidos dentro de este campo, los préstamos hipotecarios cuyo destino haya sido la adquisición o reforma de un local comercial, reestructuración de pasivo derivado de la actividad comercial o aquellos formalizados por personas júrídicas o empresas.

 

¿ES NECESARIO QUE LA HIPOTECA ESTÉ CANCELADA?

No. La acción para declarar la nulidad de la cláusula que impone el pago de la totalidad de los gastos es imprescriptible, por lo que se puede reclamar estando la hipoteca vigente o cancelada desde hace años. Da igual que se haya novado, cancelado, ampliado, se puede reclamar en todo momento, así como los gastos de cada una de las operaciones realizadas en caso de modificaciones posteriores.

 

¿QUE DOCUMENTACIÓN ES NECESARIA PARA PODER RECLAMAR?

La única documentación que resulta totalmente imprescindible para iniciar la reclamación son:

  1. Copia de la escritura de préstamo hipotecario, así como las novaciones o ampliaciones posteriores, en caso de que existan.
  2. Facturasacreditativas de los gastos abonados:

– Factura de Gestoría

– Factura de Notaría

– Factura del Registro de la Propiedad

– Factura de Tasación (a valorar por los Letrados la viabilidad de su reclamación)

  1. En caso de no conservar las facturas señaladas anteriormente, pero si dispone de apuntes contables o referencias bancarias que acrediten dichos abonos, los Letrados estudiarán si reúne los requisitos básicas para servir de prueba a los efectos del procedimiento.

 

Resulta necesario precisar que, dada la evolución jurisprudencial que ha sufrido este tema, en la actualidad, no resulta viable la reclamación del gasto realizado por el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, toda vez que el Tribunal Supremo ha determinado que el pago del mismo corresponde en todo caso al prestatario.

¿ CÓMO REALIZAR LA RECLAMACIÓN?

La idea de enfrentarnos a un procedimiento judicial suele venir asociada a un trámite complicado y costoso, pero en ECOLEY economistas & abogadosqueremosque el cliente deje de tener tal apreciación, ofreciendo a tramitación sencilla con una garantía de éxito asegurada.

Usted solo tiene que proporcionarnos la documentación necesaria y firmar la hoja de encargo que le será facilitada con sus datos personales por el equipo jurídico de  ECOLEY economistas & abogados.

 

El trabajo que llevará a cabo nuestros profesionales será:

  • Estudio de su documentación y valoración de la viabilidad de su demanda.
  • Preparación y tramitación de una reclamación extrajudicial a su entidad bancaria, reclamando los gastos abonados, a fin de solventar la controversia de manera amistosa sin necesidad de inteponer un procedimiento judicial.
  • Preparación e interposición de la demanda en ejercicio de acción de nulidad de la cláusula de gastos con reclamación de la devolución de los gastos que correspondan, así como todo su desarrollo.
  • Asistencia a audiencia previa y juicio en su defensa hasta obtener sentencia en primera instancia.

 

 

La ejecución de dichos trabajos profesionales se efectuará en régimen de arrendamientos de servicios, con arreglo a las normas deontológicas de la Abogacía y las Cláusulas previstas en la Hoja de Encargo que previamente será firmada entre las partes.

¿CUÁL ES EL COSTE DE LA RECLAMACIÓN?

Los honorarios profesionales del Abogado que reciben el encargo se presupuestan en una cantidad fija de 150€ (que incluye Procurador de los Tribunales en caso de resultar necesaria su actuación por iniciar el trámite judicial), a pagar en el momento en que el cliente efectivamente recupere y perciba el importe de la cantidad reclamada, por lo que toda la actuación se hará sin coste alguno para el cliente.

En caso de que exista estimación íntegra de la demanda con condena en costas a la entidad bancaria, el cliente cederá dicho crédito a los profesionales intervinientes.

¿QUÉ SIGNIFICA ÉXITO GARANTIZADO?

Desde el momento en que ud firma la hoja de encargo tiene asegurado que va a recuperar los gastos reclamados. SIEMPRE Y EN TODO CASO. Y ello, porque si la reclamación no fuese estimada, ECOLEY economistas & abogadosle abonará los importes que ud reclama. MÁS CLARO, SI EL JUICIO SE PIERDE, UD NO PIERDE PORQUEECOLEY economistas & abogadosLE ABONARÁ EL IMPORTE QUE RECLAMA.

 

¿QUÉ GESTIONES INCLUYEN EN EL PRECIO?

Las gestiones que incluyen es:

  • Estudio de la documentación y viabilidad de la reclamación
  • Preparación e interposición de reclamación extrajudicial a la entidad bancaria, así como todas aquellas gestiones que resulten necesarias para intentar llegar a un acuerdo en caso de que la entidad bancaria muestre predisposición para ello.
  • Preparación e interposición la Demanda en ejercicio de acción de nulidad de cláusula de gastos con reclamación de la devolución de los gastos que correspondan y toda su tramitación.
  • Asistencia a Audiencia Previa y Juicio en defensa de sus intereses hasta obtener sentencia en primera instancia.
  • Los honorarios del Procurador de los Tribunales en caso de ser necesaria la interposición de la demanda.

 

¿CUÁLES SON LOS PASOS A SEGUIR?

Deben remitirnos la documentación necesaria por correo electrónico o bien acercándose a nuestra oficinas, dejándonos sus datos personales, teléfono de contacto y mail.

Una vez estudiada la vialibad de la reclamación se le remitirá una hoja de encargo para que proceda a su firma y desde ese momento ECOLEY Economistas & abogados se encargará de iniciar las gestiones para la reclamación de los importes que Usted abonó por su préstamo hipotecario y que se pueden reclamar conforme a nuestra jurisprudencia.

La documentación deberán remitirla a los Letrados Jose Manuel Aguayo Pozo e Irene Castilla Vargas a cualquiera de las siguientes direcciones de mail: jmaguayo@ecoleygranada.eso icastilla@ecoleygranada.es.