COMUNICADO COVID19 XIX

MEDIDAS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO LEY 15/2020 EN RELACION A LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA. CRITICA. MODELO DE CARTA PARA DIRIGIRSE AL ARRENDADOR.

Como consecuencia de las medidas excepcionales adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, muchas actividades económicas se han visto obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma.

En virtud de lo anterior, la falta de ingresos o la minoración de los mismos durante el periodo que dure el estado de alarma puede dar lugar a la incapacidad financiera de autónomos y pymes para hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones de pago de renta de locales en alquiler que pone en serio riesgo la continuidad de sus actividades.

A falta de acuerdo entre las partes, la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos no prevé causa alguna de exclusión del pago de la renta por fuerza mayor o por declaración de estado de alarma u otras causas, salvo en lo referido en su artículo 26, relativo a la habitabilidad de la vivienda derivada de la ejecución de obras, que puede ser aplicable a los locales de negocio vía artículo 30 de esta Ley.

Asimismo, si se acude a la regulación del Código Civil referida a la fuerza mayor, tampoco ofrece una solución idónea porque no ajusta la distribución del riesgo entre las partes, aunque puede justificar la resolución contractual en los casos más graves.

Ante esta situación, el Real Decreto trata de ofrecer una respuesta, que entendemos, resulta tímida y poco efectiva.

Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos

Partimos, obviamente de empresarios autónomos o pymes que hayan visto suspendida su actividad o, si no lo está, su facturación mensual se haya reducido en un 75%. Estos arrendatarios, en situación vulnerable, pueden encontrarse con dos escenarios:

  1. Si el arrendador es un “gran tenedor” de locales (Persona física o jurídica con más de 10 inmuebles urbanos o un inmueble con más de 1.500 m2 de superficie) o es la administración o una empresa publica, en este caso, la propuesta de MORATORIA que se haga DEBE SER ACEPTADA. Es  obligatoria y automática para el arrendador.

La MORATORIA, que habrá de comunicarse antes del día 22 de mayo de 2020, consistirá en una suspensión del pago de la renta durante el periodo de alarma, sus prorrogas y hasta 4 meses más desde que finalice el estado de alarma. La renta no pagada, una vez terminada la alarma, se prorrateará por meses durante un periodo máximo de 2 años, siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento.

Además, puede disponerse de la fianza para aplicarla al pago total o parcial de rentas, surgiendo el deber de reponer esa fianza en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato.

Esta moratoria y posibilidad de disponer de la fianza es de aceptación obligatoria para el arrendador “rico” o arrendador público (que sea administración o empresa pública).

  1. Si el arrendador no es un “gran tenedor”, como sucede en la inmensa mayoría de los casos, el Real Decreto, simplemente, establece que se podrá solicitar de la persona arrendadora el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta y que las partes pueden acordar disponer de la fianza para aplicarla al pago de rentas, sin perjuicio del deber de reponerla posteriormente. Pero no es obligatorio para el arrendador y por tanto, el arrendador puede rechazar esa propuesta.

Ante ese rechazo, ¿qué puede hacer el autónomo o PYME, si está en situación vulnerable y no se aviene a negociar su arrendador?

Desde ECOLEY proponemos el envío de un burofax, con el apercibimiento de la suspensión de facto, de la obligación en el pago de la rentas, con la finalidad de provocar un acuerdo o, en su caso, con la finalidad  de hacer valer esas suspensión instando una demanda en la que se solicitará que un Juzgado declare ajustado a derecho esa suspensión temporal, total o parcial, en el pago de la renta, con aplicación o no de la fianza al pago, con sustento en la aplicación de la clausula “rebus sic stantibus” y la aplicación analógica del artículo 30, en relación con el 26, ambos de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Facilitamos, a continuación, un modelo de burofax. Si no impera el sentido común y no se logra un acuerdo, quedamos a su disposición para actuar en la forma que más se ajuste a su situación personal.

Modelo de burofax:

Muy señores míos: En nombre de XXXXXXXX., me dirijo a uds, como arrendadores del local de negocio sito en la calle XXXXXX de XXXXXX en el contrato suscrito el pasado x de XXX de 20xx, a fin de proponerles  la suspensión de sus obligaciones, mientras dure el estado de alarma, con efectos desde el presente mes de abril de 2020 y hasta tanto no se levante la prohibición de prestar servicios de XXXX, que son los desarrollados por la sociedad arrendataria.

Con sustento en la aplicación de la denominada clausula “rebus sic stantibus”, y en una analógica aplicación del artículo 30 y 26 de la Ley de Arrendamientos urbanos, entendemos procede la aplicación de esa clausula de elaboración jurisprudencial, que posibilita suspender la obligación de pagar el precio del alquiler en este periodo de imposibilidad de uso del local.

No obstante, la buena relación existente entre las partes, es motivo suficiente para tratar de solucionar esta situación excepcional de la mejor forma posible para los intereses de todos. Y por ello, estamos abiertos a negociar una condonación, una moratoria, o cualquier otra propuesta que logremos convenir.

En cualquier caso, si su postura es exigir el cumplimiento, pese a la alteración extraordinaria de las circunstancias y a pesar de la desproporción exorbitante en las prestaciones, por esa imprevisible causa sobrevenida de la alarma, se le comunica que no se va a hacer pago de la renta de abril, ni de aquellas que venzan en el periodo de alama y/o suspensión de la actividad de enseñanza, recabando en su caso la tutela judicial que corresponda para que se reconozca este derecho.

Esperando se atienda a este intento de conciliación, aprovecho la ocasión, para saludarles atte.

Por último, recordar que en nuestra página web https://ecoleygranada.es/ le iremos informando de las novedades que se vayan produciendo en los diferentes ámbitos que puedan afectarles a nivel personal y profesional.

José Manuel Aguayo Pozo

jmaguayo@ecoleygranada.es

COMUNICADO COVID19 XVIII

¿Puede ampliarse o reducirse un ERTE ya iniciado?

Transcurrido ya más de un mes desde que se decretó el estado de  alarma, han sido muchas las medidas urgentes adoptadas, y muchas también las dudas que se han suscitado respecto a las mismas, a tenor de que se han hecho confluir nuevos Reales Decretos Leyes con otras disposiciones legales ya existentes.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la ingente cantidad de ERTEs que se han acometido, muchas empresas se han visto de la noche a la mañana cerradas y sin embargo con posibilidades de seguir trabajando, aunque a un ritmo menor dada la lógica reducción de la demanda de sus productos. Otras, sin embargo, aún siendo servicios entendidos como esenciales, y que en su día iniciaron un ERTE dejando a parte de la plantilla en activo, dada la limitación a la circulación, precisan a día de hoy ampliarlo habiendo reducido a cero su facturación.

Pasado ya un tiempo prudencial y acuciadas por la necesidad, muchas empresas han adaptado sus negocios a la venta a domicilio o al teletrabajo, y se han visto en la necesidad de disponer de toda o de parte de su plantilla incluida en un ERTE, generándose la duda de como proceder al respecto.

La respuesta sería, que un ERTE ya presentado y tramitado no se puede ampliar a nuevos trabajadores. Debiendo por tanto iniciar un nuevo ERTE incluyendo a aquellos trabajadores adicionales.

Sin embargo, si lo pretendido es desafectar (sacar) a un trabajador del ERTE, ya sea por un incremento de pedidos o cambios en el modo de realizar el trabajo, para dicha modificación o exclusión de las medidas de suspensión de contratos/reducción de jornada adoptadas respecto de trabajadores afectados durante la vigencia de dicho ERTE deberemos acudir a la Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión de la comunicación que deben efectuar los empleadores a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada, destacando lo dispuesto en el artículo 3.2 j):

“En los supuestos de aplicación de medidas de suspensión de contratos o de reducción  de jornada, la comunicación deberá consignar por cada trabajador, las fechas de inicio y de fin de los efectos entre las que se extenderá su vigencia y determinará el calendario con los días concretos de suspensión de contrato o de reducción de jornada

individualizados por cada uno de los trabajadores afectados. En el supuesto de reducción de la jornada, se determinará el porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma.

Cuando se decidan variaciones en los datos comunicados previamente sobre ña aplicación de las referidas medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada la empresa deberá comunicar dichas variaciones con carácter previo a que se produzcan”.

Y lo establecido en el artículo 7.2:

“Cuando se decidan variaciones sobre los datos comunicados de un trabajador en relación con la aplicación de las medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada, el empleador deberá comunicar dichas variaciones con carácter previo a que se produzcan a través del mismo canal establecido en los artículos 4 y 6.’”

Es decir, se puede sacar total o parcialmente a un trabajador de un ERTE sin necesidad de reiniciar el mismo, debiendo cumplir las exigencias establecidas en el citado artículo 7.2, comunicando al SEPE las variaciones adoptadas respecto a algún o algunos trabajadores, especificando si pasa de suspensión a reducción, estableciendo el porcentaje de jornada, o de suspensión a jornada completa, con concreción de su fecha de efectos. Debiendo necesariamente también, ser tenidas en cuenta las causas en qué se fundamentó dicho ERTE, y tomar en consideración, dado el tiempo transcurrido, la conveniencia de justificar adecuadamente lo que se pretenda modificar y en qué términos.

En el mismo sentido y dado que la comunicación de las medidas adoptadas se realiza a la Autoridad Laboral competente en los términos expuestos en el Real Decreto 1483/2012, además de la comunicación al SEPE, se procedería también comunicación a aquella, especificando que se ha efectuado la comunicación al Servicio de Empleo Público Estatal.

Hay que poner de manifiesto, que la autoridad laboral en sus resoluciones (ERTE por fuerza mayor) se limita únicamente a constatar la existencia de dicha fuerza mayor, en razón de la actividad desarrollada, no efectuando valoraciones sobre los trabajadores afectados y sobre la amplitud de la medida decidida por la empresa.

Si bien, y pese a que no es preceptivo el periodo de consultas en un ERTE por fuerza mayor, la variación o modificación que afecte a un trabajador

incluido en el mismo, deberá tratarse con la representación de los trabajadores, para el caso de que existiera, así como la comunicación previa al trabajador afectado explicándole las causas que motivan dicha desafección.

Respecto a la prestación por desempleo, aquellos trabajadores que pasaran de suspensión a reducción, la jornada trabajada le sería abonada por el empresario y el resto de su jornada, la percibiría del SEPE (desempleo parcial).

Habrá que estar a la publicación de nuevas disposiciones al respecto, dado que una vez se produzca el levantamiento del estado de alarma, dada la gran cantidad de expedientes de regulación temporal de empleo iniciados, esperamos que se produzca una desafección generalizada de trabajadores.

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Antonio Peña García

apenya@ecoleygranada.es

COMUNICADO COVID19 XVII

COVID – 19, REAL DECRETO LEY 15/2020 I

El pasado 21 de abril de 2020 se publicó en el BOE el RDL 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. El citado texto abordaba distintas cuestiones en el ámbito del derecho del trabajo, entre otras, establecía la suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regulando el cómputo de los plazos de las actuaciones inspectoras previas, así como de los plazos establecidos para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos para la adopción de medidas en orden a la exigencia del cumplimiento de la normativa cuya vigilancia está atribuida a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Esto implica que desde el 14 de marzo de 2020, fecha de declaración del estado de alarma, hasta la finalización de éste, incluida sus prórrogas, el cómputo de los plazos de las actuaciones inspectoras regulados en los artículos 21.4 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 8.2 del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, y 17.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, queda suspendido, reanudándose el cómputo a la finalización del estado de alarma.

Afectando a los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades por el cumplimiento de la normativa y a los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

Sin embargo, dicha suspensión no afectará a aquellas actuaciones inspectoras que se generen durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, como la vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales ante el riesgo de contagio por COVID-19, las comprobaciones en orden a la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de orden social dictada durante el estado de alarma (permiso retribuido recuperable, carácter preferente del trabajo a distancia,…), o comprobaciones en orden a emitir el correspondiente informe solicitado por la autoridad laboral en supuestos de ERTES.

Por otro lado, se introducen dos comportamientos empresariales susceptibles de ser sancionados en el ámbito de las medidas de empleo, como las solicitudes empresariales emitidas con falsedades o incorrecciones, o las medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquéllas y siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social. Recayendo en la empresa la responsabilidad directa de la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas cuando no se acredite dolo o mala fe en el trabajador.

También incluye el mencionado RDL 15/2020 la posibilidad de que aquellas empresas dedicadas a actividades esenciales que se hayan visto afectadas por las medidas de reducción de la movilidad, se acojan a ERTE de fuerza mayor.

Englobando una gran variedad de supuestos, entre ellos las clínicas dentales, los talleres de reparación de automóviles o las oficinas bancarias, pues, aunque no estén sujetas a suspensión total por parte de las autoridades, pueden haber sufrido una pérdida notable de actividad como consecuencia de las restricciones a la movilidad o a otras circunstancias.

Se amplía la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos que hayan visto interrumpida su actividad como consecuencia de la pandemia, en periodos que hubieran sido de trabajo o a aquellos que no hayan podido reincorporarse a su actividad en la fecha prevista para el llamamiento, así como a los que no reunían el requisito o la cotización suficiente para optar a la prestación por desempleo y a aquellos que no hayan superado el periodo de prueba.

De igual manera optarán a la prestación por desempleo aquellas personas que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si ésta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.

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Antonio Peña García

apenya@ecoleygranada.es

LOS NUEVOS PACTOS DE LA MONCLOA

Las medidas deberán ser otras a las que tomaron en el ya lejano 1977 y todas ellas pasan por la recuperación empresarial y la inversión pública.

 

La situación sanitaria de extrema gravedad por la que está pasando España y el confinamiento necesario dictado por el Gobierno, agravado con la paralización de la actividad económica, ha hecho que muchos cavilemos sobre el día después, con la derrota de la pandemia, y nos preguntemos por la recuperación del pulso económico de nuestro país. Los economistas nos planteamos si esa recuperación será inmediata y ascendente, lo que se denomina el ‘crecimiento en uve’, o si por el contrario será lenta y azarosa, el ‘crecimiento en U’, con su variante de un segundo tramo, el inferior de la U, largo, y un tercer tramo, el ascendente ligeramente recostado. Todo va a depender de una serie de medidas de  estímulo económico que inyecte liquidez, dinero para entendernos, a las empresas y apoyos a las familias para pasar este mal trago, y, lo que es más importante, el mantenimiento y la recuperación del empleo.

¿Por qué han salido a relucir con más fuerza los Pactos de la Moncloa? ¿En qué es similar la situación económica de España, que yo viví, a la de ahora? En el lejano 1977 un gran ministro de Economía, Enrique Fuentes Quintana, dijo una frase lapidaria: «O hay un gran acuerdo o la Democracia puede venirse abajo». Fuentes Quintana, catedrático de Hacienda y Fiscal, y la figura más prestigiosa de los economistas españoles, a los que muchos profesionales en esta materia debemos lo poco o la mucho que sabemos de Economía, juntos con los Rojo, Velarde, Sampedro,

Tamames y otros que tuve el honor de recibir sus enseñanzas en la Universidad Complutense de Madrid, vio con claridad la necesidad de un pacto entre todos los partidos políticos y las organizaciones socio económicas del momento.

El director de orquesta fue Adolfo Suarez y el otro puntal importante, con el que contó el entonces presidente del Gobierno, fue Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista de España.

Los Pactos de la Moncloa fueron firmados el 25 de octubre de 1977 por todos los partidos políticos, que representaban la práctica unanimidad del Parlamento y por la patronal y los sindicatos, exceptuando la CNT. Alianza Popular, que lideraba Manuel Fraga, no firmó el pacto político y si el económico. Y es que los Pactos de la Moncloa se dividían en dos, Un pacto político que trataba de homologar España con los países de nuestro entorno y un pacto económico que trataba de superar la difícil situación económica por la que atravesaba España como consecuencia de la crisis del petróleo y la fuga de capitales que trajo el cambio de régimen.

La situación de 1977, en el aspecto político, en nada se parece a la situación actual y en el económico difería, pero no tanto. Veamos cuáles son o pueden llegar a ser las similitudes, porque no es la situación actual, la que me preocupa, con ser difícil, sino la que se va a presentar cuando acabe el estado de alarma.

Veamos, en 1977 la inflación, incremento desaforado de precios, llegaba al 26% y subiendo en el mes de junio de ese año; el nivel de paro era alto, mitigado por la emigración de españoles a Europa, las negociaciones entre sindicatos y empresarios eran violentas y no había forma de que se sentaran pacíficamente a negociar, y la fuga de capitales sangraba, aún más si cabe, la maltrecha economía española. Con esta situación se alejaba enormemente el objetivo de formar parte del Mercado Común Europeo.

Ciñéndome a la situación económica de 1977, la actual de 2020, sin duda, no tiene ese nivel de inflación, pero puede llegar a tenerlo si las soluciones del Gobierno no son las correctas en cuanto a la creación de dinero y su empleo, recuperación empresarial y reducción del paro o gasto consuntivo; tampoco tenemos el mismo nivel de paro y de emigración a Europa, pero sí podemos ir en esa dirección si el destino de los fondos públicos y privados no es el adecuado; en la parte positiva están las negociaciones entre empresarios y sindicatos, que son desde mi punto de vista, ejemplares.

Las medidas deberán ser otras a las que tomaron en el ya lejano 1977: el despido libre, el derecho de asociación sindical, devaluación de la peseta, los impuestos directos, IRPF… Pero, sí serían actuales otras, como el control del déficit públicoo la fuga de capitales.

Hoy, en el año 2020, otras acciones son posibles, pero todas ellas pasan por la recuperación empresarial y la inversión pública, ellas traerán sin duda una mejora en el nivel de empleo y en la economía real.

No soy muy partidario del gasto indiscriminado y sin una finalidad. Habrá que ayudar a las personas y, especialmente,

a las familias que estén en una situación precaria; pero habrá que separar el grano de la paja, porque sería lamentable, que personas que están en la delincuencia o en la marginación voluntaria –aquellos que su religión les prohíba trabajar– perciban una ayuda que no se merecen. Por ello, concluyo, hoy unos Pactos de la Moncloa en España, serían necesarios.

 

FRANCISCO MARTÍN RECUERDA GARCÍA

Economista. Club de la Constitución

ENTREVISTA ONDA CERO – ANTONIO PEÑA

Os presentamos la entrevista a nuestro compañero, Antonio Peña en Onda Cero Granada.

ENTREVISTA ONDA CERO – JOSÉ MANUEL AGUAYO

Os presentamos la entrevista a nuestro compañero, José Manuel Aguayo en Onda Cero Granada.

ENTREVISTA ONDA CERO – FRANCISCO M. RECUERDA

Os presentamos la entrevista a nuestro compañero, Francisco M. Recuerda en Onda Cero Granada.

COMUNICADO COVID19 XVI

REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y FISCAL

Línea de Ayudas para autónomos y mutualistas afectados por la crisis del Covid -19 (Decreto – Ley 9/2020, de 15 de abril).

Son muchas las dudas generadas por las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19, como puede ser, entre otras, las ayudas a las que los autónomos pueden acceder. En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, aprobó el pasado 15 de abril, con carácter de urgente, la posibilidad de poder acceder a una ayuda de 300,00 € para los autónomos. Esta ayuda está destinada a hacer frente a las obligaciones de pago que siguen teniendo, como por ejemplo el pago de la cuota de la Seguridad Social.

¿Qué características tiene esta ayuda?:

Dotación presupuestaria: 50 millones de euros.

Cantidad de la ayuda: 300,00 €, en un pago único.

Concurrencia no competitiva, hasta agotar presupuesto.

Plazo de presentación de la solicitud: desde el día 17 de abril hasta 15 días después de declararse finalizado el estado de alarma.

Beneficiarios: autónomos, trabajadores por cuenta propia o mutualistas.

Requisitos:

Tener domicilio fiscal en Andalucía.

Estar afiliado al RETA por cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente.

La base liquidable general y del ahorro en la declaración de la Renta no debe superar 3 veces el Salario Mínimo Interprofesional (+/- 39.900,00 € en declaración individual y 53.200,00 € para declaración conjunta).

DE 29 DE MARZO.

Procedimiento de solicitud:

A través de la plataforma telemática de tramitación para la presentación de solicitudes (se necesita firma electrónica). https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/a

uth/loginjs?procedimiento=269&conCertificado=1

Rellenar formulario.

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Rafael Martín Recuerda Moyano

rmartinrecuerda@ecoleygranada.es

Economista – Socio en 

ANEXO: ACTIVIDADES PROFESIONALES

Código CNAE Actividad
11 Cultivos no perennes
105 Fabricación de quesos
133 Acabado de textiles
141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería
143 Confección de prendas de vestir de punto
151 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles
162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería
171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón
172 Fabricación de artículos de papel y de cartón
181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas
182 Reproducción de soportes grabados
222 Fabricación de productos de plástico
231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso
237 Fabricación de elementos metálicos para la construcción
241 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción
255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros
257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería
259 Fabricación de otros productos metálicos
261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados
262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones
264 Fabricación de productos electrónicos de consumo
265 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; fabricación de relojes
266 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos
267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
281 Fabricación de maquinaria de uso general
282 Fabricación de otra maquinaria de uso general
283 Fabricación de maquinaria agraria y forestal
292 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques
293 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
310 Fabricación de muebles
321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares
322 Fabricación de instrumentos musicales
323 Fabricación de artículos de deporte
324 Fabricación de juegos y juguetes
325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos
329 Industrias manufactureras n.c.o.p.
331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo
332 Instalación de máquinas y equipos industriales
411 Promoción inmobiliaria
412 Construcción de edificios
421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles
429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil
431 Demolición y preparación de terrenos
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción
433 Acabado de edificios
439 Otras actividades de construcción especializada
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
493 Otro transporte terrestre de pasajeros
521 Depósito y almacenamiento
561 Restaurantes y puestos de comidas
562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
611 Telecomunicaciones por cable
612 Telecomunicaciones inalámbricas
613 Telecomunicaciones por satélite
619 Otras actividades de telecomunicaciones
620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
651 Seguros
662 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones
681 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
682 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
683 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
691 Actividades jurídicas
711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
731 Publicidad
732 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública
741 Actividades de diseño especializado
742 Actividades de fotografía
743 Actividades de traducción e interpretación
749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
750 Actividades veterinarias
771 Alquiler de vehículos de motor
772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico
773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
782 Actividades de las empresas de trabajo temporal
783 Otra provisión de recursos humanos
791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
801 Actividades de seguridad privada
802 Servicios de sistemas de seguridad
803 Actividades de investigación
811 Servicios integrales a edificios e instalaciones
812 Actividades de limpieza
813 Actividades de jardinería
821 Actividades administrativas y auxiliares de oficina
829 Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
855 Otra educación
861 Actividades hospitalarias
862 Actividades médicas y odontológicas
869 Otras actividades sanitarias
881 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad
889 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento
900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
960 Otros servicios personales

COMUNICADO COVID19 XV

REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y FISCAL

Ampliación del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Son muchas las dudas generadas por las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19, especialmente en relación a los plazo de presentación de las declaraciones de carácter tributario, cuyo plazo de domiciliación finalizaba hoy día 15 de abril de 2020, en caso de ingreso, o el 20 de abril de 2020, en caso de ser negativa o a ingresar mediante el resto de posibilidades que facilitaba la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El RD- Ley 14/2020 de 14 de abril de 2020 despeja estas dudas, mitigando el efecto pernicioso que está teniendo la hibernación de la economía y que afecta a autónomos y empresas, como consecuencia del COVID 19.

En tal sentido, las medidas adoptadas se resumen en los siguientes apartados, aprobados en un único artículo:

Plazo de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, se extiende hasta el 20 de mayo, siendo el límite de domiciliación, en caso de ingreso, el 15 de mayo.

(Nota: en caso de autoliquidaciones ya presentadas con ingreso domiciliado, el cargo en la cuenta del contribuyente se realizará de manera automática el 20 del mayo, si bien no lo recoge el RD-L, sí está en el sentir del Consejo de Ministros).

Requisitos:

Obligados con volumen de operaciones que no haya superado en el ejercicio 2019 los 600.000,00 €.

(Nota: para aquellos contribuyentes que hayan iniciado su actividad en el presente ejercicio 2020, nada dice el RD-L, si bien debemos entender que podrán acogerse a esta ampliación de plazo. No obstante hacemos las reservas

pertinentes, puesto que hemos realizado consulta al respecto).

Con independencia del volumen de operaciones, no aplica a contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que tributen por el régimen de consolidación fiscal, ni los sujetos pasivos de IVA que tributen en el régimen de grupos.

Autoliquidaciones a las que afecta: 111, 115, 123, 130, 131, 202, 210, 303, etc., así como al modelo 303 de sujetos pasivos de IVA acogidos al SII con volumen de operaciones que no supere los 600.000€ o a la declaración de cesión de uso de viviendas, modelo 179, si el obligado tiene ese volumen de operaciones.

En caso de tener la obligación de ingresar, se podrá solicitar el aplazamiento sin garantías a 6 meses, con un máximo de 30.000,00 €

(RECUERDE: 3 PRIMEROS MESES SIN INTERESES).

Rafael Martín Recuerda Moyano

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COMUNICADO COVID19 XIV

LEGISLACIÓN CONCURSAL Y MERCANTIL DE EMERGENCIA EN REAL DECRETO-LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO

España se ha constituido, junto a Italia y Suiza, en uno de los primeros países que han aprobado normas concursales en el estado de alerta motivado por la pandemia COVID-2019.

Se trata de normas temporales y por tanto de duración limitada, mientras esté vigente el estado de alarma y hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización de dicho estado.

En los artículos 39 a 42 del Real Decreto Ley citado, se regulan medidas de emergencia societarias también de carácter transitorio en conexión con el período de alarma y con incidencia en el ámbito concursal, que es el específicamente tratado en el artículo 43 de dicho texto legal.

Estas normas temporales con trascendencia concursal, inciden básicamente en dos ámbitos:

De un lado en el deber/facultad de deudores y acreedores de solicitar la declaración de un concurso de acreedores en un modo autónomo o en conexión con una comunicación de inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo preconcursal  de refinanciación sobre la base del artículo 5 bis de la ley concursal (LA LEY 1181/2003) 22/2003.

De otro lado, inciden en el modo de operar las causas de disolución durante el período de alarma.

Analizaremos a continuación las medidas concursales de emergencia introducidas por el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

  1. La suspensión del deber del deudor y de la facultad de los acreedores de solicitar la declaración de concurso de acreedores

España se adscribe al marco de los modelos de derecho comparado que regulan un deber legal del deudor de solicitar la declaración de su concurso, lo que contrasta con los modelos anglosajones en los que tradicionalmente no se ha configurado dicho deber.

Así, el artículo 5 de la ley concursal configura un deber legal del deudor de solicitar la declaración de su concurso en el plazo de dos meses desde que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual, constituyendo dicha solicitud una facultad en supuestos de insolvencia inminente (artículo 2.3 LC 22/2003). En conexión con dicho deber se legitima en el artículo 3 de dicho texto legal al órgano de administración o liquidación no solo para presentar, sino además para decidir sobre la solicitud misma de declaración de concurso.

El incumplimiento de este deber o su cumplimiento tardío por el deudor, se sanciona en un eventual escenario concursal en supuestos en que se abra la pieza de calificación (convenio gravoso o liquidación concursal) con una presunción «Iuris tantum» de concurso culpable (artículo 165.1.1 LC) que en su caso puede conllevar la responsabilidad concursal del administrador social a la cobertura total o parcial del déficit patrimonial frente a los acreedores (artículo 176 bis LC).

  1. Ámbito de la suspensión

En virtud del artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, se suspende el referido deber del deudor, afectando dicha suspensión a los siguientes extremos:

  • La solicitud por el deudor de concurso de acreedores en situaciones de insolvencia actual (art. 2.2 LC) en el plazo del artículo 5 LC.
  • La solicitud de declaración de concurso por el deudor vinculada al transcurso del plazo de la comunicación de inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o una propuesta anticipada de convenio regulada en el artículo 5 bis LC, cuando trascurrido dicho plazo no se haya alcanzado un acuerdo y el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual (artículo 2.2 LC).
  • En ambos supuestos, la suspensión del deber del deudor de solicitar la declaración de su concurso en supuestos de insolvencia actual, conlleva la «desactivación» del régimen de sanciones conectadas a su incumplimiento o cumplimiento tardío (presunción «Iuris tantum» de concurso culpable, art 165.1.1 LC) y eventual responsabilidad del Administrador social por esta causa (artículo 176 bis LC).
  • También en ambos supuestos de suspensión del deber del deudor de solicitar su concurso, en forma autónoma o en conexión con una comunicación de inicio de negociaciones sobre la base del artículo 5 bis de la Ley Concursal, queda a salvo la facultad del deudor de decidir solicitar su concurso ya sea por insolvencia inminente o actual (artículo 2.2 y 2.3 LC) decisión ésta que deberá calibrarse atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso.
  • Asimismo, la suspensión afecta a la facultad de los acreedores de solicitar concurso necesario en supuestos de insolvencia actual único supuesto en que están legitimados (artículo 3 LC). Esta afectación, se produce en un doble sentido conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 del Real Decreto ley 8/2020: de un lado, se inadmitirán a trámites solicitudes de concurso necesario presentadas durante el estado de alarma o hasta que transcurran dos meses desde su finalización; de otro, se priorizarán aquellas solicitudes de concurso voluntario que el deudor hubiera presentado o podrá decidir presentar, no obstante la analizada suspensión de su deber de solicitud de concurso, admitiéndose a trámite con preferencia las solicitudes presentadas por el deudor a las ya presentadas, aunque aquélla fuera de fecha posterior a la eventual solicitud de concurso necesario. Artículo 43.1 Real Decreto ley 8/2020.
  • No afecta sin embargo la suspensión en un modo cuestionable, al deber del deudor que se encuentre en fase de cumplimiento de un convenio concursal, para solicitar la liquidación concursal, cuando conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal (artículo 142.2 LC). En ese sentido, no olvidemos que la ausencia de previsión sobre la suspensión del deber del deudor de solicitar su liquidación concursal en este contexto, conlleva que su incumplimiento, de un lado, se pueda suplir con la facultad de los acreedores de solicitar la liquidación concursal, acreditando la concurrencia de alguno de los hechos externos del articulo 2.4 LC, facultad ésta que tampoco se suspende frente a lo que sucede con la solicitud de concursos necesarios; de otro lado se sanciona el incumplimiento por el deudor de la solicitud de liquidación en este contexto,, manteniéndose la presunción «Iuris et de iure» de concurso culpable sobre la base del artículo 164.2.3º LC, cuando la liquidación concursal hubiera sido acordada de oficio por incumplimiento de convenio.

Ello resulta cuestionable, pues con la suspensión del deber del deudor de solicitar su concurso se trata de “ganar tiempo” en espera de que concluya el estado de alarma. Con ello se persigue evitar no solo que empresas viables en condiciones normales de mercado, tengan que ser sometidas a un procedimiento concursal, si no también que acaben siendo liquidadas concursalmente empresas que habiendo alcanzado un convenio concursal, podrían cumplirlo en las referidas situaciones normales de mercado, pero no en estas situaciones extraordinarias que pueden afectar también y quizá más aún a empresas que continúan en funcionamiento con arreglo a un convenio concursal.

  1. La ausencia de presupuestos materiales de la suspensión

En lo que se refiere a los presupuestos de la suspensión del deber del deudor de solicitar su concurso, ésta suspensión no se condiciona acertadamente a la concurrencia

de presupuestos materiales, como se aconseja en el relevante documento al que ya se ha hecho referencia publicado por CERIL.

Así, la suspensión:

  • No se condiciona a la circunstancia de que el deudor esté negociando o cumpliendo un acuerdo de refinanciación, siendo no obstante como se ha analizado objeto también de suspensión el deber de solicitud de concurso conectado en estos supuestos a la presentación por el deudor de comunicación de inicio de negociaciones sobre la base del artículo 5 bis LC.
  • No se vincula tampoco la suspensión a una situación de mera iliquidez o insolvencia inminente, dado que en nuestro derecho solo se regula un deber del deudor de solicitud de concurso en supuestos de insolvencia actual, conectada en el concepto jurídico y no económico de ésta regulado en el artículo 2 de la Ley Concursal a la imposibilidad del deudor de cumplimiento de las obligaciones a su vencimiento, en supuestos tanto de desbalance (activo inferior a pasivo) como de iliquidez a largo plazo.
  • No se condiciona tampoco la suspensión a la prueba de la conexión causal de la insolvencia a la crisis sanitaria COVID-2019, lo que habría planteado un difícil problema de prueba en éste contexto. Por tanto pueden acogerse a la suspensión del deber de solicitud de concurso por parte del deudor empresas que se encontraran en situación de insolvencia antes de la crisis económica vinculada a la alerta sanitaria COVID-2019.
  1. Suspensión del plazo para convocar la Junta y desactivación de causas de disolución

La suspensión del deber del deudor de solicitar su concurso que se extiende a la facultad de los acreedores de solicitar concurso necesario, se acompaña además sobre la base del artículo 40.11 del Real Decreto ley 8/2020 de medidas tendentes a evitar la disolución de las sociedades durante el período de alarma.

Y no podía ser de otro modo, dado que el objetivo prioritario en estos momentos de alarma es como hemos reiterado “ganar tiempo”, en espera de que cese aquella y evitar que durante este período puedan ser declaradas en concurso o liquidadas empresas que en condiciones normales de mercado podrían ser viables. Por tanto, era necesario también incidir en este contexto en la operatividad misma de las causas de disolución que, como se sabe, pueden conducir a la liquidación societaria de la compañía y en ocasiones al concurso de acreedores. En efecto, ello acontece en supuestos en que tras la concurrencia de la causa de disolución de pérdidas societarias cualificadas (artículo 363.1.LSC) concurra un estado de insolvencia, lo que ha de

señalarse no siempre acontecerá pues en modo alguno son en todo caso ambas situaciones identificables.

Pues bien, sobre la base del artículo 40.11 del Real Decreto ley 8/2020 se suspende el plazo legal de dos meses para la convocatoria de la Junta General por el Órgano de Administración con el fin de que en dicha junta se acuerde: la disolución o solicitud de concurso si ésta fuera insolvente, o en su caso se adopten los acuerdos necesarios para la remoción de la causa de disolución si ello fuera posible (artículo 365 LSC).

Nos hallamos en el ámbito de los deberes de promoción de la disolución que recaen sobre los administradores sociales, mediante convocatoria oportuna de la Junta General y que se suspenden hasta la finalización del período de alarma.

Quedan por tanto desactivadas por la vía de la suspensión del plazo de convocatoria de la Junta por el administrador social, la operatividad misma de las causas de disolución y en particular de la causa que previsiblemente podría concurrir en el actual escenario de crisis generalizada, conectada con las pérdidas societarias cualificadas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o reduzca en la medida suficiente y siempre que lo procedente no sea solicitar el concurso de acreedores (artículo 363.1.e LSC).

No es ésta la primera vez que en nuestro derecho se incide en la operatividad de las causas de disolución y en particular de la disolución por pérdidas en conexión con una crisis económica. Ello aconteció en virtud de la disposición adicional única del Real Decreto/Ley 10/2008 de 12 de diciembre, que en conexión con la crisis económica acontecida en aquellos años, suspendió en un modo excepcional durante los dos ejercicios anuales cerrados a partir del 13 de diciembre de 2008, los regímenes de reducción obligatorio de capital por pérdidas y de disolución por pérdidas societarias cualificadas (artículo 363.1.e LSC).

No obstante, hay dos diferencias esenciales en el modo en que se operó en la crisis de 2008 y en las medidas de alarma conectadas a la disolución reguladas en el real decreto ley 8/2020.

De un lado, en el artículo 40.11 el Real Decreto ley 8/2020, no se suspenden en un modo directo los regímenes de reducción obligatoria de capital por pérdidas y de disolución por esta causa, sino en un modo indirecto a través de la suspensión del plazo en el que el administrador social ha de cumplir sus deberes de promoción dentro de plazo de la disolución o el concurso, convocando la Junta General, para que adopte los acuerdos pertinentes en esta materia.

De otro, la disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, estaba pensaba para sociedades inmobiliarias que fue el sector particularmente afectado en la crisis de 2008, tanto en supuestos en que desarrollaban directamente el negocio inmobiliario, como cuando lo desarrollaban a través de su participación en el capital de otras sociedades inmobiliarias y durante los dos ejercicios anuales siguientes al 13 de diciembre de 2008.

Frente a ello, la desactivación de las causas de disolución en general y en particular de la vinculada a las pérdidas societarias cualificadas que se produce a través de la suspensión del plazo de convocatoria de la Junta por el administrador social sobre la base del artículo 40.11 del Real Decreto afecta a todas las sociedades y no solo a sociedades inmobiliarias, dado el modo en que esta crisis está golpeando a todos los sectores y no solo al sector inmobiliario.

Pues bien, en relación con la analizada suspensión del plazo para convocar la Junta para acordar la disolución o en su caso el concurso de acreedores, han de resaltarse dos aspectos: de un lado, se introduce un plazo de suspensión y no de interrupción del plazo de convocatoria de la Junta General, lo que no genera a efectos prescriptivos un nuevo plazo sino la reanudación del anterior a la finalización del período de alarma. Ello quiere decir, que finalizado el referido estado de alarma, el plazo de dos meses para convocar la Junta por el administrador para acordar la disolución, remoción de la causa de disolución o solicitud de concurso, no comenzará desde cero, si no que se retomará en el punto donde ese plazo quedó parado desde la concurrencia de la causa de disolución.

También y como no podía ser de otro modo, la analizada suspensión del plazo para convocar la Junta en conexión con la concurrencia de una causa de disolución, se acompaña de la expresa desactivación sobre la base del artículo 40.12 del Real Decreto ley 8/2020, del régimen de responsabilidad por deudas de los administradores sociales, conectado a la promoción tempestiva por éstos de la disolución o en su caso del concurso de acreedores (artículo 167 LSC).

Como se sabe, sobre la base del artículo 367 LSC, los administradores sociales responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, si incumplen la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que adopte la disolución o en su caso de disolución judicial o solicitud de concurso de acreedores.

Pues bien, sobre la base del artículo 40.12 del Real Decreto-ley 8/2020, expresamente se prevé la desactivación de este régimen de responsabilidad de los administradores sociales por deudas, lo que era necesario pues ello no habría podido derivarse de la mera suspensión del plazo de convocatoria de la Junta General.

La desactivación de este régimen de responsabilidad se produce bajo la concurrencia de las siguientes condiciones:

  1. La causa de disolución legal o estatutaria ha de haber acaecido durante la vigencia del estado de alarma, lo que conlleva la necesidad de determinar el momento de nacimiento de la obligación, lo que como es sabido no siempre es fácil;
  2. Los administradores no responderán de las deudas, se sobreentiende de cualquier naturaleza, “contraídas durante el período de alarma”. De ello se deduce por tanto a sensu contrario, que el administrador social responderá de las deudas contraídas tras el levantamiento del estado de alarma, cuando se reactive la obligación de convocar la Junta y en su caso disolver.

Ésta distinción legal entre deudas contraídas durante el período de alarma y tras el levantamiento de éste, puede constituir a nuestro entender una fuente de litigiosidad en conexión con el momento de nacimiento de las obligaciones y uno de los aspectos más controvertidos conectados a la suspensión del plazo para convocar la Junta y desactivación del régimen de responsabilidad de los administradores sociales.

José Manuel Aguayo Pozo

jmaguayo@ecoleygranada.es

Abogado – Socio en