COMUNICADO COVID19 IX

REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y FISCAL 

Solicitud de las Prestaciones para los autónomos por cese de actividad 

Son muchas las dudas generadas por las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19, especialmente en relación a los autónomos y su acceso a las prestaciones por cese de actividad, regulada en el artículo 17 del RD- Ley 8/2020 de 17 de marzo. 

Recordaran, por nuestra anterior circular, que la medida recogida en este artículo establecía que desde el 14 de marzo pasado, por un plazo de un mes, o hasta el último día en el que se dé por finalizado el estado de alarma, los autónomos afectados podrán beneficiarse de esta prestación, bien porque: 

  • El Real Decreto suspenda su actividad, 
  • Bien porque su facturación en el mes anterior se vea reducida en un 75,00 % respecto a la media del semestre anterior. (Nota aclaratoria: para el autónomo que no lleve ejerciendo ni siquiera un periodo de 6 meses, deberá tenerse en cuenta el periodo completo de actividad). 

Los autónomos que quisieran beneficiarse de esta prestación deberán: 

  • Estar cotizando por el Régimen Especial de Autónomos (RETA) y hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social o pagar su deuda en un plazo de 30 días. 
  • Acreditar la fuerza mayor si la actividad no se ve directamente suspendida. 

Pero, ¿qué ocurre si mi actividad no ha sido suspendida y debo acreditar la reducción del 75,00% respecto a la media del semestre anterior? 

El Criterio 5/2020 SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO DIECISIETE DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMP ACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 (https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/criterio%205-2020.pdf) 

precisa y matiza el contenido y aplicación de lo expuesto en el citado artículo 17 y, en tal sentido, establece, entre otras cuestiones, las siguientes aclaraciones: 

Documentación necesaria que se debe aportar (habrá que atender a lo especificado por su Mutua): 

  • Solicitud CATA COVID19 (web mutua).
  • Declaración jurada, “en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación
  • Información contable que acredite la caída de los ingresos, “pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos”. 
  • Fotocopia DNI
  • Certificado bancario de titularidad.
  • Modelo 145 

Cuantía de la prestación 

  • 70,00 % de la base reguladora. 

Alta y cotización: 

  • No exige la baja en Hacienda y en la Seguridad Social. 
  • Ojo: “si la causa del derecho a la prestación es la reducción de la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en un 75 por ciento en relación con la efectuada en el semestre anterior, deberá permanecer, en todo caso, de alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social”. 
  • Se suspende el pago de la cuota, pero continuaran cotizando. 
  • Por las cuotas ya ingresadas podrá solicitarse la devolución del exceso. 
  • Compatible con la tarifa plana. 

Advertencia: Si usted decide darse de baja por cese de actividad, por causas ajenas a lo establecido en las medidas urgentes derivadas del Coronavirus, esta decisión tendrá consecuencias inmediatas, que pudieran ser perjudiciales: 

Perderá los beneficios de la tarifa plana si estaba acogido a ella. 

Tendrá que solicitarlo por el procedimiento normal establecido, teniendo que argumentar el descenso de la actividad de forma más estricta. 

Por último, recordar que en nuestra página web https://ecoleygranada.es/ le iremos informando de las novedades que se vayan produciendo en los diferentes ámbitos que puedan afectarles a nivel personal y profesional. 

 

Rafael Martín Recuerda Moyano
ECONOMISTA ECOLEY
rmartinrecuerda@ecoleygranada.es 

COMUNICADO COVID19 VIII

REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y FISCAL

El pasado viernes 13 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2020, al objeto de dar respuesta al impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19. Así, el Capítulo IV del Real Decreto

– Ley plantea medidas de apoyo financiero transitorio.

Hoy 18 de marzo de 2020 ha tenido lugar la publicación del BOE nº 73, en el que se publica el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de 2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID – 19.

En esta circular comentaremos los aspectos más novedosos a nivel económico y fiscal.

Como adelantáramos en pasadas circulares, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante AEAT) anunciaba la ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios, si bien estaba pendiente el cambio normativo.

El RDL 8/2020, en sus artículos 33, 40, 42 y 43 clarifica esta situación al definir en qué va a consistir esta ampliación de plazos. Lo más importante, quizás, lo menos esperado, es que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a la que se hacía referencia en el Real Decreto 463/2020, no aplica a los plazos tributarios y, especialmente, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, por lo que todo, a ese respecto, sigue como hasta antes de la crisis generada por el COVID -19. Es decir, usted tendrá que cumplir con sus obligaciones de presentación en fecha como si no hubiera habido crisis, cumpliendo los plazos en los procedimientos de aplicación de los tributos, de revisión, sancionadores, recaudación, etc.

Sin embargo, lo que si tendrá vigencia es lo que ya nos anunciaba el anterior Real Decreto – Ley sobre las medidas acordadas en materia de aplazamiento de deudas, que como recordarán establecía:

Para aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 hasta el día 30 de mayo de 2020. Es decir, a las

declaraciones del primer trimestre y a las mensuales de febrero, marzo y abril, haciéndose extensible a deudas por retenciones o pagos a cuenta, pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y las originadas por tributos que deben ser legalmente repercutidos (IVA) .

Podrán solicitar el aplazamiento las personas físicas o jurídicas que en el año anterior, 2019, su facturación no hubiera superado 6.010.121,04 euros.

Con carácter provisional, para los contribuyentes que deseen acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos, al amparo del Real Decreto – Ley, podrán presentar autoliquidaciones en las que tengan la obligación de realizar ingreso mediante su aplazamiento, acogiéndose a la exención de garantías, incorporando como fecha de aplazamiento 6 meses después de su vencimiento y no devengando intereses durante los 3 primeros meses.

Especial mención queremos realizar a los plazos establecidos en:

Las liquidadas por la AEAT y deudas en apremio:

  • Desde la fecha de la notificación, si no han concluido el 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril.
  • Comunicadas el 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, aplicándose este último.

Acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos:

  • Se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.
  • Comunicados el 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Subastas y adjudicación de bienes:

  • Se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.
  • Comunicados el 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

Atención de los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, formulación de alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación:

  • Se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo.
  • Comunicados el 18 de marzo, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
  • No obstante, si se tramitara en el plazo habitual se considerará evacuado.

Ejecución de garantías en el procedimiento de apremio:

  • No se ejecutarán las garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo, hasta el día 30 de abril de 2020.
  • Efectos de la flexibilización de los anteriores plazos en la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de revisión tramitados por la AEAT, en los plazos de prescripción y en los de caducidad.
  • El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará.

Notificaciones y prescripción en procedimientos de reposición y económico-administrativos:

  • Se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se justifique un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.

Interposición de recursos y reclamaciones económico- administrativas:

  • Los plazos no comenzarán a contar, cuando se produzcan a partir del 18 de marzo, hasta el 30 de abril.

En otro orden de cosas, no queremos olvidar las llamadas de alerta realizadas por la AEAT, especialmente las referidas a la relación entre el contribuyente y la propia Administración. En tal sentido indicar que las oficinas de la AEAT permanecerán cerradas para la atención personal, por lo que los trámites con la Administración se realizarán por vía telemática.

A este respecto, en el caso de que sus certificados electrónicos estén cerca de caducar o hayan caducado la AEAT nos comunica que se permitirá el uso de los mismos.

Importante también nos parece mencionar las ayudas vertebradas a los

autónomos, algunas de las cuales se extiende a su ámbito personal.

En tal sentido mencionar que el Real Decreto Ley contempla, en sus artículos 17 y 21, la prestación extraordinaria por cese de actividad. Desde el 14 de marzo, por un plazo de un mes, o hasta el último día en el que se dé por finalizado el estado de alarma, los autónomos afectados podrán beneficiarse de esta prestación, bien porque el Real Decreto suspenda su actividad, bien porque su facturación en el mes anterior se vea reducida en un 75,00 % respecto a la media del semestre anterior.

Los autónomos que quieran beneficiarse de esta prestación deberán:

Estar cotizando por el Régimen Especial de Autónomos (RETA) y hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social o pagar su deuda en un plazo de 30 días.

Acreditar la fuerza mayor.

En el ámbito financiero, el Real Decreto Ley, contempla una línea de avales con garantía del Estado y créditos ICO. Artículo 29 y 30 del RDL 8/2000.

100.000 millones de euros en avales con garantía pública, para los créditos solicitados a bancos por la emergencia del COVI 19. El Consejo de Ministros dictará disposiciones para su solicitud.

10.000 millones de euros para créditos ICO.

Todo ello para PYMES y autónomos.

Igualmente, las medidas adoptadas recogen la Moratoria de la Deuda Hipotecaria, artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14, 15 y 16 RDL 8/2020 de 18 de marzo, en base a:

El criterio que se aplica es el de vulnerabilidad económica como consecuencia del COVI 19.

Destinada, entre otros, a autónomos que sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.

Supondrá la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma.

No se cobraran intereses moratorios y se podrá solicitar el aplazamiento hasta 15 día después de la anulación del estado de alarma

Por último, recordar que en nuestra página web https://ecoleygranada.es/ le iremos informando de las novedades que se vayan produciendo en los diferentes ámbitos que puedan afectarles a nivel personal y profesional.

Rafael Martín Recuerda Moyano

rmartinrecuerda@ecoleygranada.es

Economista – Socio en 

COMUNICADO COVID19 VII

MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS SOBRE LOS

ERTES

El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 de 17 de marzo de 2020 ha establecido en relación a los ERTES lo siguiente:

En el artículo 22 se establecen las medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

En el primero de sus puntos establece en qué casos la inspección de trabajo y seguridad social podrá establecer que provienen de fuerza mayor y por tanto beneficiarse de la exención del abono de la aportación empresarial prevista en  el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece:

2. En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la empresa ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere el apartado anterior” (Se refiere a la aportación del trabajador 273.1)

Así, el citado artículo 22 del RDL 8/2020, en su primer punto establece:

1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido  de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

Continuando en el punto 2 del citado que, decidido por la empresa plantear el ERTE por dicha causa (fuerza mayor), se aplicarán las siguientes especialidades,

respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de:

  • Informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19,
  • La correspondiente documentación acreditativa

Deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá́ ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas, en el plazo de 5 días, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se evacuará en el plazo improrrogable de 5 días, y el cual deberá́ limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

Por otro lado, los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción, relacionadas con el COVID-19, se ocupa el artículo 23 del RDL 8/2020 estableciendo las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará́ integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará́ conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará́ integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá́ estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

  1. El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá́ exceder del plazo máximo de 7 días.
  1. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días”

Mención aparte merece el artículo 24 del citado Real decreto Ley, por cuanto que, a buen seguro, va a generar la mayoría de las dudas y problemas de tramitación del los ERTEs planteados, dado que si bien y acreditada por la inspección de trabajo la fuerza mayor temporal, el artículo 24, apartado 1, establece:

“1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así́ como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial”.

Para los expedientes de regulación de empleo temporal por causas técnicas, organizativas, de producción o económicas no existirá dicha excepción, y por tanto deberán asumir la cotización de la cuota empresarial de todos los trabajadores en situación de suspensión de contratos y reducción de jornada.

En los próximos días se va a producir una saturación de ERTEs, inicialmente planteados por fuerza mayor, que no reuniendo las características establecidas en el artículo 22.1, serán rechazados por la inspección de trabajo, con el consiguiente retraso en la tramitación, y la consiguiente asunción por parte del empresario del coste de nóminas y cuota empresarial de dicho periodo, por lo que la recomendación debería ser la de asegurar de manera fehaciente la fuerza mayor que se pretenda alegar o en su defecto plantearlos por las otras causas establecidas aunque ello suponga asumir la cuota empresarial, dado que pese a los plazos establecidos que apenas va a reducir los plazos anteriormente establecidos, se evitaran dilaciones innecesarias y costosas.

En cuanto a la prestación por desempleo de los trabajadores incluidos en un ERTE, el artículo 25 establece las medidas extraordinarias establecidas a tal efecto, estableciendo:

En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:

    1. El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
    1. No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

También podrán acogerse a dichas medidas, además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es decir:

Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los regímenes especiales de la Seguridad Social que protegen dicha contingencia, con las peculiaridades que se establezcan reglamentariamente.

Los trabajadores emigrantes que retornen a España y los liberados de prisión, en las condiciones previstas en este título.

Los funcionarios interinos, el personal eventual, así como el personal contratado en su momento en régimen de derecho administrativo al servicio de las administraciones públicas.

Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares Baleares y los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección, siempre que todos ellos desempeñen los indicados cargos con dedicación

exclusiva o parcial y perciban por ello una retribución, en las condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena.

Los altos cargos de las administraciones públicas con dedicación exclusiva que sean retribuidos por ello y no sean funcionarios públicos, en las condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena, salvo que tengan derecho a percibir retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese. Estos dos últimos estrían obligados a cotizar por la contingencia de desempleo

Así como aquellos que tengan la condición de socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

Se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:

a) La base reguladora de la prestación será́ la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.

b) La duración de la prestación se extenderá́ hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

En cuanto a los trabajadores fijos discontinuos, las prestaciones por desempleo percibidas por dichos trabajadores y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará́ al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará́ a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá́ de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.

Antonio Peña García
apenya@ecoleygranada.es

 

COMUNICADO COVID19 VI

REPERCUSIÓN DEL COVID 19 EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y FISCAL

El pasado viernes 13 de marzo de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 7/2020, al objeto de dar respuesta al impacto económico como consecuencia del Coronavirus COVID – 19. Así, el Capítulo IV del Real Decreto

– Ley plantea medidas de apoyo financiero transitorio.

No obstante, a la espera de lo que acuerde el Consejo de Ministros de hoy día 17 de marzo de 2020, fundamental para poder conocer como se mitigaran los efectos negativos de la pandemia en el orden económico y social, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria anunciaba la ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios, si bien está pendiente el cambio normativo.

Respecto a lo que el Decreto – Ley establece, las medidas acordadas se circunscriben a las siguientes disposiciones:

Aplazamiento de deudas:

Para aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley) y hasta el día 30 de mayo de 2020. Es decir, a las declaraciones del primer trimestre y a las mensuales de febrero, marzo y abril, haciéndose extensible a deudas por retenciones o pagos a cuenta, pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y las originadas por tributos que deben ser legalmente repercutidos (IVA) .

Podrán solicitar el aplazamiento las personas físicas o jurídicas que en el año anterior, 2019, su facturación no hubiera superado 6.010.121,04 euros.

Con carácter provisional, para los contribuyentes que deseen acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos, al amparo del Real Decreto – Ley, podrán presentar autoliquidaciones en las que tengan la obligación de realizar ingreso mediante su aplazamiento, acogiéndose a la exención de garantías, incorporando como fecha de aplazamiento 6 meses

después de su vencimiento y no devengando intereses durante los 3 primeros meses.

Por último, recordar que en nuestra página web https://ecoleygranada.es/ le iremos informando de las novedades que se vayan produciendo en los diferentes ámbitos que puedan afectarles a nivel personal y profesional.

Rafael Martín Recuerda Moyano

rmartinrecuerda@ecoleygranada.es

COMUNICADO COVID19 V

Servicios esenciales garantizados en Juzgados y Tribunales, no afectados por el Real Decreto 462/2020 de 14 de marzo, sobre declaración del estado de alarma.

El Ministerio de Justicia ha hecho público los servicios esenciales que tiene que desarrollar la Administración de Justicia en estos tiempos de aplicación del estado de alarma. Son los siguientes:

PRIMERO 

Cualquier trámite judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable.

SEGUNDO 

Internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico).

TERCERO 

La adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las

medidas de protección de menores del artículo 158 del Código Civil.

CUARTO 

Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

QUINTO 

El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de

enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 del Código Civil.

SEXTO

Las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etcétera.

SÉPTIMO

Cualquier actuación en causa con presos o detenidos. OCTAVO 

Las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. NOVENO 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electorales.

DÉCIMO 

En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los  procesos de Expedientes de Regulación de Empleo y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

UNDÉCIMO 

En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes (aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada).

Para terminar, el acuerdo dice que “el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Audiencia Provincial y el juez decano “adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre y/o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente“.

José Manuel Aguayo Pozo

jmaguayo@ecoleygranada.es

 

COMUNICADO COVID19 IV

¿EL REGIMEN DE VISITAS CON MENORES QUEDA SUSPENDIDO POR EL ESTADO DE ALARMA?

El Real Decreto 463/2020 de 14 de Marzo que declara el estado de alarma establece, entre otras medidas excepcionales, la restricción a la libertad de circulación de los ciudadanos, desde la noche del sábado 15 de marzo y durante un periodo de 15 días naturales, que pueden ser prorrogables.

Estamos ante una situación extraordinaria, excepcional y sin precedentes. Vamos a tratar de sugerir una respuesta razonada y motivada en derecho que nos permita concluir si el Real Decreto permite los desplazamientos para cumplir y disfrutar de un régimen de visitas contenido en una resolución judicial.

Partimos de una situación de normalidad entre los progenitores en los que ambos están interesados en mantener las visitas en el periodo de alarma. En ese contexto, consideramos que:

  1. Las medidas acordadas en las resoluciones judiciales (Autos de Medidas Provisionales o sentencias) no han sido suspendidas por el Real Decreto y, por tanto, han de ser cumplidas por las partes, salvo acuerdo en otro sentido.
  1. Entre las excepciones a la restricción de movilidad establecidas en el Real Decreto se contempla el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado de menores y cualquier otra actividad de análoga naturaleza.
  1. El interés del menor es el principio de debe regir cualquier decisión a adoptar en cualquier tema de familia.
  1. Si concurren circunstancias excepcionales que enfrentan al menor a una situación de riesgo, obviamente no procedería mantener el régimen y los progenitores pueden acordar cualquier cambio de forma temporal sin necesidad de que sean aprobados judicialmente, aunque es recomendable que las establezcan por escrito. (Menores con patologías que los hagan vulnerables al coronavirus u otras)
  1. En último extremo, si no se alcanzan acuerdos en este sentido, pero alguno de los progenitores entiende que las medidas en vigor pueden suponer un riesgo para los/as menores, deberá ponerlo en conocimiento

del juzgado al amparo del art. 158 del Código Civil, solicitando medidas con el fin de apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios en su entorno familiar

  1. Los incumplimientos de las medidas en vigor, salvo aquellos que supongan un riesgo para los/as menores, no podrán ser ejecutados mientras dure la situación actual de estado de alarma, por cuanto no se tramitarán estos procedimientos.

En conclusión: Si las circunstancias concretas de cada familia permiten ese intercambio ( que incluso puede resultar beneficioso para los menores), entendemos que las excepciones contenidas en el artículo 7 del Real Decreto pueden amparar el cumplimiento normal de los regímenes de estancias y  visitas y por tanto, permitir circular con esa finalidad.

Ello no obstante, en un estado de alarma, la apreciación de la autoridad competente, podría ser otra y habría que acatarla; pero en principio, hay argumentos jurídicos para sostener que entre las excepciones a las limitaciones a la circulación se encuentra el cumplir con el régimen de visitas.

José Manuel Aguayo Pozo

jmaguayo@ecoleygranada.es

COMUNICADO COVID19 III

COMUNICADO COVID – 19

Estimados clientes, a raíz de la pandemia declarada por la organización mundial de la salud como consecuencia del Covid-19, más conocido comúnmente como  Coronavirus,  la  dirección de ECOLEY le comunica que nuestras instalaciones permanecerán cerradas al público desde el 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020.

Pensando en usted, pensando en nosotros, # YoMeQuedoEnCasa

 

COMUNICADO COVID19 II

ACTUACIONES FRENTE A LAS CONSECUENCIAS LABORALES DEL CORONAVIRUS ERTE

Una de las medidas mas recurrentes y apropiadas para minimizar los daños directos e indirectos generados por el estado de alerta por pandemia como consecuencia del coronavirus (COVID-19), es acudir a lo establecido en el artículo 45 1, i) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, procediendo a la suspensión de los contratos de trabajo durante un periodo determinado, a la vista del cierre de los centros de trabajo y la imposibilidad en determinados sectores de acudir al mismo. Motivando dicha medida en base a la causa de “Fuerza mayor temporal”.

Si bien cada situación puede variar el encaje de las medidas a acometer, las posibilidades y actuaciones podrían ser variadas, según se trate de extinciones, suspensiones o reducciones de jornada. Debiendo estudiar cada caso particularmente.

La información necesaria para llevar a efecto las medidas citadas será básicamente la siguiente:

Relación de trabajadores contratados, especificando: antigüedad, categoría profesional, salario, funciones realizadas, situación contractual.

Número de trabajadores incluidos en el expediente de regulación de empleo (especificando si se trata de reducción, suspensión o extinción).

Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados.

Número de centros de trabajo afectados.

Designación del comité de empresa, delegados o representantes de los trabajadores.

Justificación del expediente de regulación de empleo. Motivación del mismo: económica, organizativa, productiva o de fuerza mayor.

Plazo máximo de duración del ERTE:

El procedimiento a seguir viene regulado en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, así como en los artículos 47 y 51.7 del E.T.

La existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa deberá ser constatada por la autoridad laboral (art 33.3 RD 1483/2012 y 51.7 del E.T.) cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación.

Se inicia mediante solicitud de la empresa a la autoridad laboral, conjuntamente a los medios de prueba, motivación del mismo y comunicación a comité de empresa y trabajadores.

La resolución de la autoridad laboral deberá dictarse en el plazo de 5  días desde la solicitud y debe limitarse a constatar la existencia de fuera mayor. (Art 51.7 del E.T.).

Antonio Peña García

apenya@ecoleygranada.es

 

COMUNICADO COVID19

COVID – 19, UNA NUEVA SITUACIÓN PARA LAS EMPRESAS

A raíz de la pandemia declarada por la organización mundial de la salud como consecuencia del Covid-19, más conocido comúnmente como Coronavirus, se han disparado todas las alertas en cuanto a los modos de actuación ante determinadas situaciones, entre otras, en el ámbito de las relaciones laborales y las distintas alternativas a abordar en función de la imposibilidad de acudir al centro de trabajo, ya sea por contagio, prevención o aislamiento, y las distintas posibilidades de empresario y trabajador para sobrellevar de la mejor manera posible esta situación extraordinaria, habiéndose adoptado una serie de medidas preventivas consistentes en prestación de servicios a través de teletrabajo, interrupción de viajes, suspensión de reuniones y asambleas (las cuales podrían seguir celebrándose vía online) comunicaciones y trasmisión de documentación vía correo electrónico y atención telefónica.

Las acciones de prevención deberán seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de España, habiéndose aprobado en el Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se acometen determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, la consideración como situación asimilada a accidente de trabajo de los períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

Su Artículo 5, establece:

«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad

temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.

  1. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
  2. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
  3. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»

Esta misma medida se ha aprobado también para el caso de los funcionarios públicos, en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, (artículo 11).

En segundo lugar y relativa a las distintas medidas a adoptar por la empresa afectada directa o indirectamente por las consecuencias derivadas de la pandemia, habría que entender que nos encontramos en una situación de fuerza mayor, adoptando las diferentes opciones que la Ley contempla y particularmente la suspensión temporal de empleo, ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) pudiendo acudir también a la reducción de empleo, si bien lo que se trata de evitar es el contagio por contacto y con dicha medida no se evitaría.

¿Qué   se   entiende   por   fuerza    mayor?    Se    define    como    “un acaecimiento externo al círculo de la empresa, extraordinario, independiente de la voluntad del empresario respecto a las consecuencias que acarrea en orden a la prestación del trabajo”.

Estableciendo en consecuencia el artículo 1105 del código civil, que:

«… fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables».

Siendo sin genero de duda la situación actual, a la vista de las recomendaciones efectuadas por las distintas administraciones competentes, un claro caso de fuerza mayor, con una afectación

Su tramitación, viene establecida en el artículo 45 1, i) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como causas de suspensión del contrato de trabajo la “Fuerza mayor temporal”.

Así como en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, cuyo Título II, relativo a la Extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor, regula en los artículos 31 a 33 los requisitos para la existencia de fuerza mayor como causa motivadora de la suspensión de los contratos de trabajo o reducción de jornada:

  • La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y suspensión de los contratos de trabajo o de la

reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados.

  • El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.

sociales han solicitado de la administración pública el acortamiento de dichos plazos al objeto de poder llevar a efecto las medidas necesarias en el menor tiempo posible, dada la evidencia de la fuerza mayor, y la urgencia de gestionar dichas medidas, de lo que en breve tendremos noticias.

Por otro lado y en relación a los trabajadores con contratos fijos discontinuos del sector de turismo, comercio y hostelería

vinculados a la actividad turística, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo ha establecido en su artículo 13 medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos, en el sentido de aplicar una  bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional para aquellos que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses, siendo de aplicación hasta el día 31 de diciembre de 2020.

A tenor de las extraordinarias circunstancias que vienen acaeciendo, las consecuencias económicas se prevén muy negativas en determinados sectores, en un corto espacio de tiempo, lo que requiere con carácter urgente iniciar todas y cuantas medidas de choque nos permita la Ley, al objeto de minimizarlas, debiendo estudiar cada caso y adaptarlo a las concretas y particulares necesidades de ciudadanos y empresas.

No obstante, estaremos a las nuevas directrices y disposiciones que se vayan estableciendo desde las autoridades que puedan mejorar o agilizar los trámites, así como las distintas opciones en aras de evitar otras consecuencias negativas para el trabajo y la economía.

Antonio Peña García

apenya@ecoleygranada.es

 

 

 

HISTORIA DE LOS HOMBRES MALOS

“AMIGOS MÍOS, RETENED ESTO: NO HAY MALAS HIERBAS NI HOMBRES MALOS. NO HAY MÁS QUE MALOS CULTIVADORES”

VICTOR HUGO

Cuando escribo este artículo para IDEAL, 9 de marzo de 2020, recuerdo varios sucesos de ayer: Fue el día de la Mujer, fue el día del mitin de Vox, fue el nombramiento por amplia mayoría de Inés Arrimada como Presidenta de Ciudadanos y vi una película genial, “Los Miserables” del director Ladj Ly, en el entrañable Cine Madrigal.

Me congratulé con el éxito de la manifestación de Granada el día de la mujer. No sé si hubo exclusión como en Madrid, donde un grupo de mujeres abucheó a otras que pensaban como ellas, pero no compartía ideología política. Actos de sectarismo político oscurecen un día que debió ser reivindicativo en lo que concierne a los derechos de la mujer y su carrera por la igualdad con el hombre.

El segundo acto que atrajo mi atención fue el mitin del Sr. Abascal, líder de Vox. Hubo mucha desmesura en sus palabras y en las de otros intervinientes, pero no es buena idea descalificar sin más a esos oradores sin analizar lo que dicen y porque lo dicen, ya que es la tercera fuerza política de nuestra madura democracia.

Y los que dicen los señores de Vox convencen a españoles, que antes no estaban en esa órbita política. Porque, no combatir ideas, que no nos gustan, con argumentos es darle un triunfo a quien se pretende combatir. No ocurre solo con Vox, en el panorama político se ha perdido la argumentación ideológica y se ha caído en la descalificación sin más del adversario.

Oímos, a menudo, en los escasos debates que hay en nuestros medios de comunicación, descalificaciones ante argumento más o menos brillantes, como éste es un facha, o éste es un narco comunista o un tonto útil, ¿De verdad, tenemos tertulianos tan mediocres o políticos de medio pelo?, Desde mi punto de vista sí.

El debate político de la Sexta TV, es una jaula de grillos, donde nadie se escucha y todos se pisan la manguera como malos bomberos, donde un moderador no modera y cuya objetividad brilla por sus ausencia, este panorama se observa en menor medida en otras cadenas como TVE 1, 24 horas TV y Canal Trece, ¡Cómo añoro aquellos debates de la Clave, moderada por José Luis Balbín !

En España hay un ataque decidido hacia la libertad de expresión por grupos sectarios y de pensamiento único, que están haciendo un flaco favor a nuestra Democracia y a la tolerancia política que hizo posible una Constitución y 40 años de convivencia pacífica entre españoles. El siguiente hecho importante es el nombramiento, por una amplia mayoría, como Presidente de Ciudadanos de Inés Arrimadas, mujer valiente donde las haya y defensora, como nadie, de la españolidad de Cataluña. El pueblo español, que tan erráticamente ha votado en estas elecciones, debe apoyar a esta gran mujer en las próximas elecciones generales y esto será posible, si Inés Arrimadas une al partido y acierta en sus alianzas y posiciones políticas. Le deseo lo mejor, ya que en España hace falta un partido que lidere el centro político y evite el frentismo ideológico.

De la película “Los Miserables”, solo pido que la vean, a mi me impactó con su carga dramática y su verdad contenida en la frase de Víctor Hugo, porque en España hacen falta buenos cultivadores, en la familia, en la escuela y en la clase política. Aunque esto daría para otro artículo.

Al Madrigal felicitarle por el buen cine que está trayendo a Granada, a la familia Torres Molina agradecerle su esfuerzo para mantener abierta la sala y a los responsables culturales, que premien su esfuerzo con reconocimiento y ayudas.

 

Granada a 9 de marzo de 2020

Francisco Martín Recuerda García
Club de la Constitución